Además de pensar en la calidad del agua, la DMA es contundente en la exigencia a aplicar el principio de recuperación de costes en los servicios del agua. Aunque, como ocurre en la recuperación de las masas, también en este caso hay excepciones, que recoge el propio Texto Refundido de la Ley de Aguas. En él se matiza que hay que tener en cuenta "las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas", pero "siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos". Es el Ministerio de Medio Ambiente el que puede" establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos" en línea con esas posibles consecuencias.
En total, en la demarcación Miño-Sil solo se recupera el 37,5% del total de los costes del servicio, según la memoria del nuevo plan hidrológico. Los grados de reembolso van 24,25% en la recogida y depuración en redes públicas al 65,8% en la distribución de agua para el riego, al margen de los casos de autoservicio, donde es el 100%.
El coste financiero roza los 162 millones de euros con la suma del gasto en operación y mantenimiento, unos 50 millones, y los 112,8 de la inversión. A eso se añade el coste medioambiental, que la confederación hidrográfica eleva a 14,7 millones. En total, 176,64 millones de euros. Por tarifas y cánones del agua, la recaudación en 2012 se situó en 60,7 millones de euros. Lo más caro es, de lejos, afrontar la recogida y depuración de aguas -donde menos se recupera-, por encima de los 70 millones.
