Mientras la Xunta se aplica en contener el déficit y rebajar el endeudamiento en sus cuentas autonómicas, las sociedades que dependen de la Administración gallega se convierten en un lastre al presentar peores resultados en sus balances económicos. La mitad de estas empresas públicas tiene problemas de solvencia, tal y como reconoce la propia Intervención General de la Xunta en las Cuentas de la Comunidad Autónoma del año 2014. Esto significa que tienen un escaso margen de liquidez para atender las deudas que vencen a corto plazo. En esta situación se encuentran Sogama, Xestión do Plan Xacobeo, Retegal. Xenética Fontao, la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), Galaria y Televisión de Galicia. La situación más grave es precisamente la de estos tres últimos entes puesto que, según reconoce el propio informe del Ejecutivo gallego, sufren "una asfixia financiera sintomática de una suspensión de pagos".

Para comprobar la capacidad de las empresas públicas para cumplir con sus obligaciones, la Xunta analiza su ratio de solvencia (la relación entre la liquidez de la sociedad y sus deudas a corto plazo). Las empresas públicas de la comunidad autónoma tienen que afrontar de forma inmediata el pago de 276,6 millones de euros, lo que compromete sus cuentas si no tienen reservas suficientes. Si el índice de solvencia es igual o superior a dos se considera que la entidad tiene recursos suficientes para atender sus obligaciones.Cumplen este baremo Sodiga, Xestur, Cesga, Galicia Calidade, XesGalicia, Parque Tecnolóxico y Seaga. El resto suspenden y en una situación crítica se encuentran Galaria, la SPI y la Televisión de Galicia.

Galaria es una empresa de servicios sanitarios que actúa de apoyo en el sur de Galicia. Según sus cuentas de 2014 tiene una liquidez de 4,6 millones de euros, pero tiene que hacer frente a pagos de 5,9 millones de euros a corto plazo, a lo que se suman otras deudas por 1,7 millones en un horizonte más amplio. Aunque no cierra el año en números rojos, los beneficios que consigue son ínfimos: solo 5.000 euros en 2014.

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La situación es también de asfixia económica en la Sociedade Pública de Investimentos, que no solo se encarga de la construcción de nuevas infraestructuras por encargo de la Xunta, sino también de gestionar la Autopista entre Dozón y Ourense. A corto plazo debe pagar 72 millones de euros en deuda con bancos y proveedores, pero su activo cores solo de 50,4 millones de euros. Si fuera una empresa privada esto supondría la suspensión de pagos, pero la Xunta le inyecta liquidez para equilibrar sus cuentas. El pasado año el Gobierno gallego desembolsó 17 millones de euros a esta sociedad pública y este año la SPI se ha visto obligada a refinanciar otros 95 millones de euros en créditos.

La falta liquidez afecta también a la Televisión de Galicia. Con solo 13,6 millones de euros disponibles en activos para hacer frente a una deuda inmediata de 14,9 millones de euros. Esta situación se agrava con un balance de negocio negativo. En 2014 ingresó solo 11,2 millones de euros, pero gastó 101,7 millones. Después de impuestos las pérdidas alcanzaron los 90,7 millones de euros.

Menos grave, aunque también con problemas de solvencia, es el caso de Sogama. Esta entidad que se encarga de la recogida y tratamiento de basuras en Galicia debe pagar de forma inmediata 59,5 millones de euros. Sus problemas de viabilidad llevaron precisamente al Gobierno gallego a incrementar en 2014 un 34 por ciento el canon que cobra a los concellos. Esta medida supuso un balón de oxígeno para la planta de Cerceda que en 2015 decidió rebajar esta tasa un 10 por ciento. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza obligándole a devolver al Estado 17 millones de euros en primas cobradas indebidamente vuelve a poner a esta sociedad pública contra las cuerdas.