Cambios en la ley de racionalización del sector autonómico

La Xunta eleva el límite presupuestario que permite adjudicar contratos a dedo

Tras bajar en 2013 el tope a los 25.000 euros para las obras y a 9.000 para los suministros, ahora lo subirá al doble - El PP argumenta que es para ajustarse a la normativa estatal

07.01.2016 | 15:38

Dos años después de su aprobación, la Xunta da marcha atrás a una de las medidas en favor de la transparencia en los contratos públicos que había incluido en la Lei de Racionalización do Sector Público Autonómico, aprobada en diciembre de 2013. Eliminará el tope presupuestario de 25.000 euros para los contratos de obras y de 9.000 para los de suministros que el propio Gobierno gallego estableció con el fin de restringir la adjudicación discrecional por el método del negociado sin publicidad y sin concurso, y volverá al límite, más elevado, que marca la norma estatal, de 50.000 y 18.000 euros, respectivamente, que además ya estaba vigente en Galicia hasta el año 2013, cuando Xunta decidió hacer más restrictiva la regulación.

La modificación se hará a través de una enmienda presentada por el Partido Popular a la Lei de Ordenación da Asistencia Xurídica, pero cuyo contenido no guarda relación con esta norma, sino con la de Racionalización del Sector Público, impulsada por la vicepresidencia del Gobierno gallego, al frente de la cual está Alfonso Rueda. En su momento, el vicepresidente justificó las restricciones por la necesidad de avanzar en la transparencia y mejorar los procedimientos de contratación discrecional.

Este método se emplea para contratos menores y los distintos departamentos de la Xunta acuden a él con asiduidad, a pesar de que por ley están reservados para casos puntuales y por razones justificadas, como la urgencia en realizar una determinada obra o proveer suministros. Cuando se recurre a este procedimiento, la Administración invita a varias empresas y negocia con ellas la adjudicación, sin que medie concurso, publicidad o licitación pública, por lo que existe mucha discrecionalidad y da motivo a que políticamente se conozcan como contrataciones a dedo.

La ley de contratos públicos del Estado establece desde el año 2011 que esta modalidad solo se puede hacer para importes inferiores a los 50.000 euros en obras y a los 18.000 en suministros. La Xunta, sin embargo, rebajó en 2013 estos umbrales a la mitad. Y ahora, dos años después de marcar sus propios límites, el Gobierno gallego los eliminará para volver a situarlos en los mismos niveles que antes.

Fuentes del grupo parlamentario explicaron que la razón del cambio no es más que el "respeto" a los umbrales que establece la normativa básica del Estado.

No obstante, precisan que hay mecanismos de control para evitar fraudes o la concertación de precios entre las empresas invitadas a los procedimientos negociados sin publicidad, como que no podrán estar vinculadas entre ellas ni actuar bajo una unidad de decisión ni tener compartidos miembros de los consejos de administración. En la enmienda que presenta el PP también se suprime el precepto que obliga, siempre que sea posible, a que al menos sean invitadas tres firmas distintas para optar a contratos públicos discrecionales.

El PP quiere destacar, en todo caso, que la Lei de Transparencia e Bo Goberno que se aprobará el próximo miércoles de forma definitiva recoge la obligación de hacer público cada trimestre todas las adjudicaciones realizadas por la Administración autonómica, lo que también servirá como elemento de control.

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