Agentes de Aduanas se llevaron ayer del Concello de Poio al menos una docena de cajas con todos los contratos, facturas y cualquier actuación realizada por la empresa Aquagest para este municipio desde el año 2006 y hasta la actualidad por orden de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en el marco de Operación Pokemon. Fuentes del TSXG aclararon que no se trató de un registro, sino de "búsqueda de información" . El regidor lanzó un mensaje de tranquilidad y defendió que casi todos los contratos, menos algún menor y otro por cuestión de urgencia, se adjudicaron a través de mesas de contratación.
El Concello de Poio, gobernado por un bipartito integrado por el BNG y el PSOE que tiene al veterano alcalde nacionalista Luciano Sobral al frente, se une así a la lista de ayuntamientos sobre los que pone la lupa la jueza De Lara. Si hace menos de un mes los agentes se llevaban documentación relacionada con Aquagest y otras empresas del Concello de Pontevedra, hace apenas una semana hacían lo propio en los consistorios de Ponteareas y A Pobra, también en busca de los contratos suscritos con esta misma empresa desde el año 2006.
Dos agentes de Aduanas se personaron en el Concello de Poio en torno a las diez horas, y requirieron los expedientes de una obra de saneamiento realizada en Campelo y otra de ampliación de la red de agua potable y saneamiento del camino Escola-Chancelas. A mayores, la jueza ordenaba la entrega de "todos los contratos de cualquier tipo o modalidad en los cuales la sociedad Aquagest Promoción Técnica y Financiera hubiera participado.
Los dos agentes de Aduanas revisaron durante 7 horas toda la documentación relativa a estas contrataciones, resultando que las dos obras que citaba el oficio eran contratos menores, según explicaba el alcalde, Luciano Sobral. Así, uno de ellos se ejecutó por una cuantía de unos 15.000 euros y tenía como particularidad la existencia de un reparo que formuló la interventora municipal por no existir en aquel mometo crédito suficiente para llevarla a cabo. Dicho reparo fue levantado por el gobierno local ante la necesidad de llevar a cabo la obra de forma urgente al tratarse de un problema de saneamiento. La segunda de estas obras era de 60.000 euros.
Aduanas también se llevó el expediente de otra actuación de saneamiento en el lugar de Esperón, por cien mil euros y adjudicada por concurso público. Aquagest es la adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua pero, según explicó Sobral, la juez no requirió documentación de esta concesión
