En su momento, mientras se planteaban reivindicaciones sobre la mesa, los productores demandaban que cualquier posible acuerdo alcanzado entre los tres eslabones de la cadena del lácteo incluyese un régimen sancionador. Temían que, de lo contrario, quedarían "desamparados". También ayer el experto en Economía Aplicada Edelmiro López sostuvo que el acuerdo auspiciado por el Gobierno central "nació cojo". No solo porque "la mayor parte del sector queda fuera" (en alusión a que UPA y COAG no firmaron), lo que a su modo de ver supone una "primera debilidad", sino, como criticaban los ganaderos, "sobre todo porque lo que se establece son acuerdos de intenciones" al no llevar aparejados "un sistema de control y sancionador".
Reseñó que su "impresión" es que se trató de un "intento de ganar tiempo" porque los precios tienen un comportamiento estacional y "en invierno tienden a recuperarse". No obstante, "por desgracia, hasta ahora", no se ve, apuntó, "el indicio de ninguna recuperación". Por eso aquí "los ganaderos dicen con razón que no se notó para nada, los precios siguen igual de bajos" que entonces. Lo atribuye a la "debilidad" de la industria gallega y a que la "estabilización" en el mercado internacional "aún no se dio".
Preguntado por las prácticas de "dumping" que denuncian algunas organizaciones agrarias, concedió que se precisa la "implicación" de la administración para que España no sea "la cloaca en que se vuelquen los excedentes lácteos en momentos de crisis internacionales".
