El Consello Económico e Social (CES) han emitido un dictamen bastante crítico con el proyecto de la nueva Lei do Solo que prepara la Xunta, al que presenta objeciones sobre 46 artículos. Con carácter general, el organismo presidido por Corina Porro alega que la falta de precisión y la ambigüedad en los conceptos y los términos empleados en la norma "podría crear inseguridad jurídica o derivar en situaciones de arbitrariedad". Además, pese a que en su exposición de motivos la Lei do Solo se marca como objetivo la defensa del suelo rústico, el CES entiende todo lo contrario y asegura que realmente lo que se producirá es una rebaja del grado legal de protección con respecto a la actual norma. "En algunos ámbitos urbanísticos se aprecia una notable divergencia entre las normas aplicables y las prácticas generalizadas, lo cual introduce elementos de aleatoriedad que pueden conducir a situaciones de arbitrariedad en la aplicación de los procedimientos de disciplina urbanística", concluye en otra de sus consideraciones generales.
Como artículos más proclives a generar inseguridad jurídica y derivar en situaciones arbitrarias, el CES señala los que regulan los deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado, las condiciones de edificación en los núcleos rurales y en suelo rústico, las particiones de predios o la definición y beneficios que pueden obtener las "edificaciones tradicionales" con respecto a otras que reúnen iguales requisitos pero que fueron construidas después de 1975.
Otros preceptos los considera excesivos, como el que establece como zona de protección los terrenos forestales situados a cien metros de los ríos y canales de agua, "lo que implicaría muchas dificultades a la actividad forestal y una elevada superficie de terrenos dada la abundancia de cursos de agua existentes en los montes gallegos".
Y, por el contrario, al Consello Económico e Social -órgano de consulta donde están representados los empresarios, los sindicatos y las universidades- le parecen escasos los cien metros de distancia que deben guardar las nuevas instalaciones de explotaciones ganaderas sin base territorial con respecto a la vivienda más próxima. Dado que este precepto se refiere a granjas de cerdos, pollos, conejos o visones, el CES considera pertinente mantener los 250 metros de separación que exige la legislación actual.
También alerta que los límites a la edificabilidad previstos para el suelo urbanizable y el urbano no consolidado pueden tener efectos perjudiciales sobre el objetivo de la rehabilitación.
El CES también reclama que se articulen cambios en el proyecto de ley para favorecer la construcción de aparcamientos privados, y para ello propone que, de forma excepcional, se puedan construir en el subsuelo de áreas públicas cuando no se alcancen la dotación mínima necesaria.
También pide cambios en los preceptos que tienen como objetivo obligar a rematar las fachadas inacabadas, dado que su redacción "provocará el fin contrario al que se persigue".
Al Consello Económico e Social tampoco le gusta la posibilidad de que la reserva de vivienda protegida se haga solo en función del número de demandantes que figuran en el registro autonómico, cuando antes por término general estaba en el 30%. "La introducción de esta excepcionalidad en los porcentajes de reserva total para vivienda protegida no debería basarse únicamente en un criterio de naturaleza estadística, dado que esto puede contribuir a que la excepción se convierta en regla general", reprocha. Sin embargo, la patronal discrepa de esta consideración y cree que la "demanda real" de vivienda es la que debe fijar la reserva de suelo.
