El Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir ayer a su voto cualificado en la segunda ronda de votaciones -al no tener mayoría en la primera vuelta- para imponer a las comunidades autónomas los objetivos de déficit público y deuda para el trienio 2016-2018. Solo cuatro regiones, todas del PP y Galicia entre ellas, apoyaron la propuesta del Gobierno, mientras que la mayoría de las autonomías se opuso. El escenario aprobado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fija para el próximo año un déficit -registrar más gastos que ingresos en los presupuestos- del 0,3% del PIB para el conjunto de las autonomías, que se rebaja al 0,1% en 2017 para llegar al equilibrio al año siguiente. El de este ejercicio está establecido en el 0,7 por ciento.
Pero el motivo de discrepancia con las comunidades gobernadas por el PSOE junto con Cataluña y Canarias no fue la reducción progresiva del recurso a la deuda para financiar los gastos, sino la distribución del déficit entre la administraciones, pues el Gobierno central se reserva para sí un margen mucho mayor de desfase entre ingresos y gastos -del 2,2%, 1,1% y 0,2% respectivamente por cada ejercicio del trienio-. Y lo que querían las autonomías que votaron en contra era que, sin superar el techo de endeudamiento general, se incrementara su límite de déficit a costa de reducir el margen de maniobra que tiene la Administración central.
Este fue el argumento expresado por las comunidades de Canarias y Cataluña y las socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Baleares, Valencia y Andalucía para votar en contra de la hoja de ruta defendida por el Ministerio de Hacienda. Los gobiernos críticos coincidieron en acusar a Hacienda de imponer un reparto del déficit entre administraciones que perjudica a las comunidades y beneficia, a su juicio, al Estado, al que da más margen cuando son ellas las que asumen las políticas más costosas: educación, sanidad y servicios sociales.
A favor, en cambio, se pronunciaron Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mientras que Castilla y León, también gobernada por el PP, se abstuvo, rompiendo así la disciplina de partido por considerar que los objetivos son demasiados "exigentes".
A la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, avanzó que la Xunta tendrá un presupuesto "expansivo" en 2016, "por primera vez en seis años", que "ya no se parecerá a nada" a los aprobados desde 2010, incluido el de este año.
Martínez se mostró "relativamente contento de cómo salieron las cosas" en la reunión porque lo abordado permitirá un presupuesto "expansivo" para Galicia en 2016. Sin embargo, declinó ofrecer cifras sobre el volumen previsto de las cuentas del próximo año. "Veníamos contentos y nos vamos un poco más contentos", aseguró.
"Ya no se parecerá a nada de lo que tuvimos desde 2010 hasta 2015, aunque en 2015 fue donde rompimos con la tendencia negativa, pero se va a empezar a notar en 2016 de una manera clara", dijo.
Devolución de 92 millones
El conselleiro de Facenda comentó que aunque parezca que el objetivo de déficit del 0,3% para las comunidades para 2016 "es un esfuerzo, cree que es factible afrontarlo porque "la situación ya cambió de verdad". En esta línea, defendió el "camino correcto" seguido por el Gobierno gallego en estos años de "solvencia", que ha dado lugar a una comunidad "fiable" y "creíble". "Los frutos empiezan a venir ahora, ya en 2015 y, sobre todo, esperamos que en 2016", destacó.
Durante la reunión, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que tras la liquidación de los anticipos de 2013 se devolverán 1.775 millones a las comunidades autónomas, de los que 91,8 corresponderán a Galicia.
