El plan especial de control desarrollado el pasado año por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) detectó una bolsa de fraude fiscal por importe de 50,7 millones de euros, que en su práctica totalidad salió del escrutinio al que la Xunta sometió las herencias tramitadas en la comunidad autónoma en 2014. Porque la campaña se centró en revisar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, en menor medida, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El Gobierno gallego solo dio algunos datos. Como que a 13.016 contribuyentes, tras la revisión, se les aumentó en 35,6 millones de euros la cifra inicial que habían pagado para ajustar así el importe del impuesto al valor real de la herencia, lo que supuso un coste "adicional" en el tributo de 2.735 euros de media por heredero. El resto de la bolsa de fraude, de otros 15,1 millones de euros, se reparte entre quienes no declararon ni las herencias ni las transmisiones patrimoniales -compra-ventas de fincas o vivienda-, pero la Xunta ya no aportó detalles.
El Impuesto de Sucesión y Donaciones está cedido por el Estado a las comunidades autónomas, que tienen plenas capacidades para modificarlo a su antojo. Por eso, en función de la región donde se resida, el gravamen aplicable presenta enormes diferencias, hasta el punto de tener que llegar a renunciar a los bienes legados ya que el impuesto de sucesiones y donaciones difiere hasta un 13.000% en el conjunto del país.
Galicia ocupa una posición intermedia, que para el contribuyente se traduce en un desembolso de hasta 20 veces por encima del de comunidades con el gravamen rebajado. Cada año se registran una media de 26.000 herencias en Galicia, una cifra que se mantuvo desde el arranque de la crisis mientras que el número de contribuyentes que renunciaron a los bienes se duplicó, según datos del Consejo General del Notariado. De las 26.509 herencias contabilizadas en 2013 en la comunidad -último año del que se disponen datos cerrados-, se produjeron un total de 1.683 renuncias, cuando en 2008 o 2009 no se llegaba a las 750.
Ante esta situación, también hay quien intenta rebajar el valor de la herencia para pagar menos impuestos o quien, directamente, no presenta la declaración, ya que el de Sucesiones es un gravamen autoliquidable, es decir, que el ciudadano tiene que calcular el importe, rellenar los formularios y pagar.
115.000 revisiones
Así que el plan especial de la Atriga comprobó las autoliquidaciones presentadas por 115.600 contribuyentes (un 22% más que en 2013) para verificar que el cálculo realizado por el heredero es el correcto, que aplicó el tipo adecuado o que se dan los requisitos para obtener un beneficio fiscal.
Casi 90% de las declaraciones estaban bien, según el informe de Facenda analizado ayer en el Consello de la Xunta, pero el otro 11,2% presentaba incorrecciones. Son 13.016 contribuyentes a los que el Gobierno gallego les hizo los cálculos para ajustar el importe del impuesto al valor real de las herencias o donaciones. Y esa corrección desde Facenda les supuso un incremento de 35,6 millones de euros en el importe del impuesto, que se incorporarán ahora a las arcas autonómicas.
La otra pata del plan especial se centró en una inspección pura y dura, investigando lo que no declara el contribuyente y que se descubre a través de cruces de datos con otras administraciones. Así aparecen fincas o depósitos heredados que el contribuyente no notificó a la Administración autonómica. Esta inspección permitió aflorar otros 15,1 millones de euros que se sumarán a la recaudación de las arcas públicas. Tanto por omisiones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como en el Transmisiones Patrimoniales, si bien la Xunta no detalló que parte corresponde a cada gravamen.
Facenda se había propuesto para todo el año descubrir una bolsa de fraude de 50 millones de euros con esta campaña especial y al final rebasó incluso, aunque por muy poco margen de diferencia, el objetivo marcado.
