La Xunta mantendrá en sus puestos de responsabilidad en Consumo a dos imputadas en la operación Zeta por, presuntamente, participar en el amaño de concursos públicos a favor del empresario coruñés Gerardo Crespo. Así lo aseguró ayer el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, quien descartó tomar "nuevas medidas" contra las sospechosas.
La directora de la Escola Galega de Consumo, Esther Álvarez, y la jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, María Isabel Caramés González, continuarán, por tanto, desarrollando sus funciones. Fuentes de la Xunta informaron el miércoles, cuando se hizo pública la imputación de las dos responsables del organismo, de que se les había abierto un expediente.
Los tres altos cargos de Traballo que declararán por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho dimitieron de sus puestos tras tener conocimiento de su implicación en el caso. El director xeral de Traballo, Odilo Martiñá Rodríguez, renunció en septiembre; el jefe territorial de la Consellería de Traballo, Luis Alberto Álvarez Freijido, fue trasladado a la Diputación y dimitió en octubre; y el jefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo, Joaquín Vila Sampayo, fue destituido el mes pasado. La contabilidad no oficial de Crespo descubierta por la Policía Judicial refleja pagos al exdirector xeral de Traballo por 5.700 euros.
Los agentes, además, sostienen en la instrucción que los archivos informáticos que examinaron prueban que Crespo tenía a sueldo al exdirector xeral de Traballo, al que abonó 300 euros mensuales desde 2006 hasta mayo de 2009, lo que sumaría "una cantidad cercana a los 18.000 euros". Otro alto cargo del PP implicado en la trama, Luis Alberto Álvarez Freijido, figura como receptor de 8.000 euros de la caja B del empresario. Joaquín Vila Sampayo recibió, según las cuentas de Crespo, regalos por 922 euros.
