Siete de cada diez organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio a personas en riesgo de exclusión y pobreza podrían desaparecer si se aprueba tal y como está redactada ahora, en anteproyecto, la reforma de la Ley General de Subvenciones de 2003 que prepara el Gobierno central. Lo advierte el Tercer Sector -el solidario- de todo el Estado, que rechaza la normativa propuesta, incluidas las ONGs gallegas, que estiman que esa perspectiva es "extrapolable" a Galicia.
Así lo señala Xosé Cuns, presidente de EAPN-Galicia, la Rede Galega contra a Pobreza, que junto a CERMI Galicia -que agrupa a las asociaciones que velan por las personas con discapacidad- y la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, debatieron las consecuencias de la futura normativa para las entidades sin ánimo de lucro la pasada semana. En total, estas tres plataformas -que representan la "práctica totalidad" del Tercer Sector de acción social y de cooperación para el desarrollo de Galicia- reúnen a unas 230 entidades y de ellas, según Cuns, teniendo en cuenta su "tamaño medio", y "salvo las más grandes", "estarían en serio peligro entre 170 y 180".
En la actualidad estas tres plataformas atenderían, según la vicepresidenta de EAPN-Galicia, Mónica Permuy, a "más de 653.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social" en la comunidad. Estos serían los más perjudicados, según Cuns, que señala que las ONGs gestionan, "como mucho, el 15%" de las ayudas que se dan desde el Estado.
Si las entidades están en riesgo, sus trabajadores también, aunque Cuns ignora cuál podría ser el efecto. Solo en EAPN Galicia -que incluye las Cáritas Diocesanas-, hay 1.200 trabajadores, aparte de 4.300 voluntarios.
Cofinanciación
Los principales golpes que recibiría el sector sin ánimo de lucro con la nueva ley tal y como está planteada ahora serían la exigencia de cofinanciación de los proyectos y la desaparición del pago por adelantado. En lo que respecta al primer aspecto, si hasta ahora los proyectos se subvencionaban al 100%, con la nueva ley las entidades se verían obligadas a abonar de su bolsillo el 25% del coste o lograr que una empresa privada aportase esa financiación. "Aquí costará encontrar ese dinero", lamenta Cuns.
En relación al segundo, la futura norma obligaría a adelantar todos los costes, ya que las ayudas se abonarían tras justificar los gastos. De esa forma, señalan las entidades, para obtener liquidez para los proyectos la única opción sería recurrir al crédito, al que, dicen, "la mayor parte de las entidades no pueden acceder".
Además de "un aumento de las trabas administrativas" -lo que obligará, critican, a destinar más personal para tareas burocráticas en detrimento del dedicado a proyectos- y un "alto riesgo financiero" para las entidades, estas alertan también de que el anteproyecto establece un mismo sistema para todas "con independencia de los programas que desarrollen". Al respecto, la vicepresidenta de EAPN-Galicia, Mónica Permuy, alerta de que la "indefinición" de algunos artículos podría abrir la percepción de ayudas a entidades privadas que "buscan fines lucrativos". Por eso demandan que se incluya en el texto el concepto de "interés general", que sí recoge la ley vigente, o que se elabore una ley específica para el Tercer Sector. Tras un proceso de reflexión, las entidades de todo el Estado, ofrecerán al Gobierno sus enmiendas y propuestas.
Cuns recuerda que las ONGs en Galicia prestan servicios que la Administración delega en ellas a través de subvenciones y convenios.
