El Gobierno gallego dio ayer luz verde al decreto que regula los instrumentos de gestión y ordenación forestal para asegurar una explotación sostenible del monte y cumplir "con tiempo" la premisa de que a partir de 2019 no se permitirán aprovechamientos -incluidas las talas para su uso comercial- a quienes no posean un plan de este tipo -que establece qué usos se le dará al monte y cómo se ordenará-. Además, disponer de ellos conllevará ventajas fiscales.

El decreto establece tres niveles: deberán dotarse de un proyecto de ordenación los montes públicos y los que superen las 25 hectáreas; si el área es igual o inferior, servirá un documento simple de gestión, y si baja de 15, podrá optarse por un documento de adhesión expresa a referentes de buenas prácticas y a los modelos silvícolas o de gestión forestal genéricos.

Estos instrumentos serán obligatorios para optar a ayudas comunitarias y para acogerse a la exención del IBI y del cómputo como ingreso en la base del IRPF de las ayudas concedidas.

Por otra parte, el Consello de la Xunta también aprobó ayer el Plan de Xuventude de Galicia 2014-2016, dotado con 340 millones de euros y que beneficiará, según el Ejecutivo, a 450.000 personas.