El Ministerio de Hacienda ha ampliado a doce nuevos ayuntamientos gallegos su plan especial para hacer aflorar -y en consecuencia cobrar los tributos pertinentes- los llamados bienes inmuebles ocultos que o bien no están declarados ante el Catastro o tienen una contribución que no se ajusta a su naturaleza y por esta razón sus propietarios pagan menos IBI del que le corresponde. Se trata de un proceso de regularización extraordinaria que se aprobó en enero de 2013 y cuyo objetivo es luchar contra el fraude fiscal e incorporar a la nómina de contribuyentes a todos los dueños de estas propiedades que figuran con apariencia de legalidad, pero por las que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles que le corresponde.

En la primera fase de esta campaña, que durará cuatro años, se empezó por 177 municipios de toda España, de los que solo tres era gallegos: el de A Cañiza en Pontevedra y los de O Vicedo y Rábade en Lugo. Pero ahora Hacienda ha ampliado la lista de concellos afectados por este plan. Son los de Arbo y Pazos de Borbén en Pontevedra; Barreiros en Lugo; Boqueixón, Cabana de Bergantiños, Culleredo, Fene, A Laracha, Mugardos, Sada y Valdoviño en A Coruña; y Verín en Ourense.

Los técnicos del Catastro revisarán estos municipios para identificar nuevas obras, ampliaciones sin declarar o rehabilitaciones, pero también posibles cambios de usos.

No se cobrará una sanción por cada bien "oculto" que se detecte ni por las ampliaciones realizadas, pero se exigirá la tributación de los últimos cuatro años conforme ala base de liquidación fijada en el Catastro. En todo caso, por cada inmueble que aparezca o que se le cambie su categoría en este proceso de regularización, el propietario tendrá que abonar una tasa de 60 euros. El "peinado" de se realizará casa por casa, con cámara fotográfica en mano y un metro para medir las superficies de fincas e inmuebles que parezcan sospechosos.