No siempre el vínculo entre comprador y vendedor está en igualdad de condiciones. Mucho menos si quien adquiere es la administración y al otro lado de la relación comercial hay una empresa grande o una de tamaño medio o pequeño. Por eso el Consello de Contas encabeza las conclusiones de su último informe sobre morosidad municipal con el reconocimiento de "la posición de dependencia en el negocio" y "la fuerza negociadora que pueda ejercer cada una de las partes" como claves para entender la adaptación de los ayuntamientos de la comunidad a la norma que marca los plazos de pago. Su radiografía es la de un incumplimiento muy extendido. Solo el 44,8% de los más de 1.360 millones de euros en facturas durante 2011, unos 610 millones de euros, se abonó antes de que se cumpliera el periodo límite establecido legalmente.
Las localidades saldaron otros casi 397 millones de euros, el 32,2%, fuera de ese plazo establecido y que en ese ejercicio iba desde los 50 días si la firma del contrato era de esa anualidad, 55 si llevan pendientes desde 2010 y 60 días para los proveedores en espera hasta la entrada en vigor de los cambios en la normativa de lucha contra la morosidad. A partir del este 2013, el plazo quedó rebajado a 30 días de máximo.
El resto de las cantidades, como recuerda el ente fiscalizador gallego, o bien están retrasadas o ni siquiera figuran reconocidas en los respectivos presupuestos. Hasta 264,6 millones de euros en el primer caso, por encima del 19%, -de las que además prácticamente seis de cada diez euros aparecen fuera de plazo "y por lo tanto ya incursas en mora"- y de 48,7 millones de euros, el 3,58%, en el segundo. Las localidades de mayor tamaño, tradicionalmente con una salud financiera menos asfixiada, son los que pueden asumir mejor sus pagos, que llegan al 93% del montante al completo, incluidos los abonos que se saltan los límites temporales normativos. En las diputaciones el porcentaje se sitúa alrededor del 92%.
Por el contrario, los pueblos con menos de 5.000 habitantes son los "peor pagadores", con un 38,6% de facturas pendientes y un 1,85% sin incorporar aún a las cuentas. Las mancomunidades registran tasas de impago todavía más elevadas. De los 19,3 millones de euros que suman los compromisos asumidos, solo un 23,6% está cubierto, mientras que los recibos que se dilatan se disparan al 65,6% y otro 10,7% ni siquiera está reconocido.
De media, el sector local tarda 76,1 días en afrontar sus facturas, con diferencias enormes en función de la entidad. Los concellos con más de 50.000 vecinos lo hacen en alrededor de 63,4 días. Los que cuentan con entre 10.001 y 20.000 habitantes llegan a los 127,5 días. El plazo medio excedido se situó en 2011, según Contas, en casi 83 días. En la mayoría de municipios, que concentran un censo de entre 5.000 y 50.000 personas, el retraso supera los 111 días.
Pese a este panorama, el Consello de Contas destaca que durante el ejercicio fiscalizado únicamente se devengaron un total de 373.592,28 euros en concepto de intereses de demora por parte de once ayuntamientos. "La Administración local de Galicia incumple la obligación de pago automático de intereses de demora y otros costes por gestión de cobro de los créditos morosos", apunta, por lo que considera de "escaso éxito" las medidas urgentes del anterior Gobierno central en 2009 para en saneamiento de las arcas municipales y la puesta al día con los proveedores. El organismo mantiene incluso que los alcaldes e interventores de las poblaciones que tienen sin reconocer los 48,6 millones de euros en facturas incumplen abiertamente tanto la ley de morosidad como la del Régimen Local y, por tanto, podrían tener que responder personalmente del perjuicio.
Código de "buenas prácticas"
"La Xunta debería promover códigos de buenas prácticas de las entidades locales en Galicia en los que claramente de defina la morosidad como una práctica abusiva inaceptable que, además de suponer un incumplimiento contractual, genera efectos muy nocivos para los agentes económicos que contratan con ellas", reclama Contas. Que, además, "sugiere" que el pago en plazo "condicione" el acceso a fondos de la comunidad.
