Cuatro presuntos miembros de Resistencia Galega, Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez, Antón Santos y María Osorio López, se enfrentan desde hoy en la Audiencia Nacional a penas de 12 y 20 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y falsedad documental. El fiscal Marcelo Azcárraga acusa a los cuatro, detenidos en diciembre de 2011, de formar parte de la "organización terrorista" Resistencia Galega, que justifica "el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr sus propósitos", la independencia "del territorio histórico".

Para Vigo y Rodríguez, pide 20 años de prisión por participación en organización terrorista, tenencia de aparatos explosivos y falsificación en documento oficial, mientras que para los otros dos acusados -incluido Santos, considerado fundador del extinto Exército Guerrilleiro do Pobo Galego- solicita 12 años por pertenencia y falsificación.

Por videoconferencia, los portavoces de los grupos políticos gallegos intervendrán en el juicio, en plena polémica por las mociones que el PPdeG llevará a todos los municipios para que los partidos condenen "de forma expresa el terrorismo de Resistencia Galega".

"Cualquier nivel de violencia que exista para nosotros no es aceptable, pero no tiene el carácter ni la envergadura como para convertirlo en el problema en el que lo está convirtiendo el PP", sostiene el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence. "Lo que está ocurriendo en Galicia -añade- no es una situación que se pueda calificar de esa manera". "No existe terrorismo en Galicia", comparte Yolanda Díaz, de AGE, que reprocha a los populares "su maniobra de distracción auténtica". "No existe un clima de terrorismo", coincide también Abel Losada, del PSdeG, más allá de actos concretos, y con críticas también al PPdeG por su "estrategia mediática" para "distraer la atención".