El profundo estudio encargado por el Defensor del Pueblo es uno de los documentos que evidencia que la mala comercialización de las preferentes y la deuda subordinada ya no tiene nada de supuesta. Que es un hecho. Y su máxima responsable lo destaca abiertamente y reprocha a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , con nueve sanciones abiertas ahora -entre ellas NCG- que no hubiera actuado "tiempo atrás". "Seguramente habría cortado la venta o parte de la venta", critica Soledad Becerril, que recuerda también que en 2008 el regulador bursátil ya dio un toque de atención al sector "y muchas entidades no hicieron nada".

"Desde luego aquí ha habido decenas de miles de personas que han sido engañadas y que no sabían qué era lo que se estaba ofreciendo -destacaba ayer Soledad Becerril tras un encuentro con el presidente de la Xunta-. Creo que ni el mismo empleado de la caja o banco sabían muy bien qué ofrecían". Un colectivo, el de la plantilla de las entidades, que, precisamente, se queda al margen del arbitraje. El Alto Comisionado "sigue muy de cerca este tema" -de hecho, en más de una ocasión solicitó que el proceso fuera universal y sin la mediación de auditoras ligadas a los bancos afectados- y reclama "una solución suficientemente satisfactoria" en "un plazo de tiempo razonable" para "todas las personas que quieran acogerse e iniciar esta vía".

Sin límites, pues, más allá de probar la venta engañosa y sin un límite como los 10.000 euros que teóricamente iban a servir de criterio para priorizar los casos que llegan a las dependencias de Consumo y que, según dejó entrever Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles, son los que en este momento tienen garantizada la devolución íntegra. El jefe del Ejecutivo gallego concretaba ayer que después de "una de tantas reuniones" con el ministro De Guindos está sobre la mesa la recuperación con carácter general para los afectados con ahorros por debajo de esa cantidad. "Y eso afecta a algo más de 20.000 personas en Galicia, que sumadas a las 18.000 con arbitraje aprobado, significa el 60% de las familias que lo solicitaron", apunta el presidente de la Xunta, que "si es necesario", apoyará a los tenedores en la vía judicial.

Esa cantidad como criba se ha convertido en la enésima polémica, con acusaciones de PSdeG y BNG a Feijóo de "burlarse" de los afectados. La misma opinión que comparten las plataformas que los reúnen. "Otra burrada, otra barbaridad", clama Xulio Vicente, de O Rosal. "¿Pero quién es para decidir ese criterio -añade- y a quién se roba y a quién no?".

Desde Economía sostienen que reforzarán "lo que sea necesario" las dependencias de Consumo para poder asumir estos 20.000 casos en tan poco tiempo. Unos 300 diarios. El triple de lo que se llegó a alcanzar en las jornadas más fuertes del pasado año. Preguntado por cuántos efectivos serán, cómo se contratarán y si habrá más sedes, la consellería no quiso responder.