Las tramas de corrupción salpican a ayuntamientos gallegos de norte a sur. La juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el caso Pokémon y su segunda fase, la denominada operación Manga, ha extendido ya a 14 concellos de la comunidad sus investigaciones sobre supuestos contratos de obras a cambio de favores. El último en sumarse a esa lista ha sido Arzúa, donde gobierna el BNG.
La juez instructora continúa sus pesquisas y ayer citó a declarar el 2 de julio al alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG), por los pagos por favores que supuestamente percibieron él y el entonces concejal de Urbanismo Francisco Fernández Liñares por parte de la empresa concesionaria de la grúa municipal, Cechalva.
A raíz de que este periódico revelase el contenido del auto en el que la juez manifestaba sus sospechas sobre el cobro de 2.000 euros al mes por parte del alcalde de Lugo y el entonces edil de Urbanismo, los abogados del regidor lucense solicitaron el levantamiento del secreto de sumario para acabar con la "indefensión" a laque está sometido su cliente, pero De Lara firmó el pasado día 16 una nueva prórroga del mismo por otro mes.
Por su parte, Orozco declaró ayer que dará "todos los datos y explicaciones" en su próxima declaración, informa Europa Press.
La última incorporación a la lista de concellos bajo la lupa de la juez instructora de los casos Pokémon y Manga se produjo ayer. Agentes de Vigilancia Aduanera entregaron en el ayuntamiento un oficio de la juez de Lugo para demandar documentación sobre contratos con la empresa Aguagest, que centra las investigaciones de la operación Manga.
Los agentes de Aduanas no efectuaron registro alguno en el consistorio, sino que se limitaron a entregar el oficio para recabar los contratos requeridos. Desde la ejecutiva nacional del BNG y el grupo municipal manifestaron su interés en que se esclarezcan cuanto antes los hechos investigados y declararon su total colaboración con la juez, a la que harán llegar la documentación requerida.
En 2004, durante el anterior mandato municipal, en el que fue alcalde Xaquín García (BNG), la firma se hizo, no sin polémica, tanto con la prórroga por 20 años del contrato del servicio de aguas como con el de la gestión de la piscina municipal. No obstante, fuentes municipales de la corporación de entonces aseguraron a Europa Press que el servicio de abastecimiento de agua ya era prestado por Aquagest en Arzúa desde mediados de los 90, cuando gobernaba el PP.
En 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia que anulaba el acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2004 en relación a la ordenanza para el abastecimientos de agua. La aprobación de la nueva ordenanza había conllevado una importante subida en las tasas y la sentencia del TSXG obligaba a que se modificasen porque, según el informe jurídico, deberían haberse adoptado a la vista de informes técnicos-económicos. Sin embargo, las fuentes consultadas del gobierno municipal de entonces destacan que esa sentencia del TSXG, a la par que tumbaba la tasa municipal, "le daba la razón al ayuntamiento en cuanto al contrato con Aquagest".
Por otra parte, en mayo de 2009 se aprobó en el pleno la concesión administrativa de la gestión de la piscina climatizada a Aquagest por ocho años, una concesión sobre la cual el PP arrojó sospechas por haber carecido de concurso público.
