¿Para qué está la ley? Es la pregunta que desde hace meses se hacen los constructores gallegos a los que la Xunta fijó unos intereses de demora por los atrasos en los pagos de las obras que les adjudicó por debajo del porcentaje que marca la Ley de Morosidad. El propio jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reconoció ayer que se modificaron los recargos que tendrá que asumir la administración gallega si incumple los plazos de pago, tal y como ayer adelantó este periódico. Y lo hizo tachando de "gran negocio" para las empresas el 8% de intereses de demora establecido para las facturas de 2012 y que desde febrero de este año se elevó al 8,75%.

La modificación por parte de la Xunta de los intereses de demora por debajo del límite legal se produjo en el último trimestre del año pasado. Frente al 8% de recargo por atrasos en los pagos que establecía para el año pasado la Ley de Morosidad, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aplicó en decenas de contratos de obra pública adjudicados en los últimos meses un tipo de entre el 2% y el 5%, según denuncia el sector de la construcción.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo defendió la actuación de la administración gallega en la adjudicación de obra pública en aras de proteger los intereses de los ciudadanos."Los intereses de demora aparecen en las cláusulas de contratación; hubo un pacto explícito con las empresas y eso hay que aprovecharlo", justificó el titular del Ejecutivo autonómico. "Planteamos pagar rápido y -añadió- pactar unos intereses de demora menores". Según aseguró, la administración gallega tiene el "visto y place" de las empresas.

Sin embargo el sector de la construcción en Galicia niega un pacto con la Xunta para rebajar los intereses de demora y tachan de "absurdo" que Feijóo califique de "gran negocio" para las empresas los recargos que fija la ley por los atrasos en los pagos. "¿Dónde está ese pacto? En los contratos hay una cláusula abusiva y queremos que se rectifique porque la Administración no está cumpliendo con lo que marca la ley", reclaman desde la Federación Gallega de la Construcción.

Desde Pontevedra, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, advirtió de que el porcentaje de demora establecido por el real decreto-ley 4/2013 es "inasumible" por la Administración gallega.