Los retrasos en el pago de facturas ahogan a los proveedores. Las administraciones gallegas tardan una media de 69 días en saldar sus deudas con las pequeñas empresas. Esta demora, sumada a la falta de crédito, asfixia cada vez más a los autónomos en la comunidad, que desde que arrancó la crisis en 2008 perdió más de 26.000 trabajadores por cuenta propia. Y cada día que pasa, el volumen de deuda de las administraciones públicas se agranda por los intereses de demora. Solo la Xunta tiene una deuda con sus proveedores de 39,5 millones por los intereses de demora, según un informe elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Este dato coloca a la administración gallega como la sexta del país, por detrás de Cataluña (casi 140 millones), Madrid (111), Comunidad Valenciana (88) y Castilla y León (49,5), con la mayor deuda en intereses. En la cola de la lista, están La Rioja (5,3 millones), Navarra (12,2) y Cantabria (13,8). El volumen total de deuda de los Ejecutivos autonómicos por los intereses de demora asciende a 742 millones -el 5,3% corresponde a los impagos de la administración gallega-. Los intereses de los ayuntamientos alcanzan los 435 millones y los del Estado, 189.
Reciprocidad
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, quiso recordar que si una empresa se retrasa en el pago de sus impuestos tiene que pagar directamente un 20% en concepto de recargo. Ante esta situación, Cañete advirtió de que "aplicando un principio de reciprocidad, las administraciones deberían pagar de oficio los intereses de demora a los que les obliga la ley (6%)".
A partir de otoño, la directiva europea que exigirá el pago en 30 días entrará en vigor. Si un Gobierno autonómico o un ayuntamiento no paga en tiempo, lo hará entonces la Administración central, que a su vez detraerá el importe de sus transferencias de fondos.
