La Diputación de Pontevedra también estaba en el punto de mira de GRS Arc Local, la empresa catalana dedicada a la gestión y recaudación de tributos municipales que es objeto de una investigación judicial en la Operación Manga -segunda fase de la Pokémon y dirigidas ambas por la juez Pilar de Lara- que indaga el supuesto pago de sobornos para obtener contratos municipales. El administrador de GRS, Alexandre Ros, imputado por cohecho e ingresado en prisión desde hace casi tres semanas, habría realizado "gestiones" con la Diputación de Pontevedra para intentar hacerse con algún contrato, según aseguran fuentes próximas a la investigación.
Para establecer el primer contacto con la institución provincial, Alexandre Ros recurrió, según las mismas fuentes, al parecer al empresario compostelano y promotor de eventos culturales Jesús Fuentes, detenido hace tres semanas también en la Operación Manga e imputado por tráfico de influencias.
Fuentes habría actuado de mediador entre el administrador de GRS y el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y alcalde de Lalín, José Crespo, de forma que él habría sido el responsable de presentar a los dos para que Alexandre Ros pudiera tener un interlocutor directo en la institución provincial.
En su carta de servicios, GRS se ofrece para gestionar y recaudar tributos, cobrar multas, prestar asesoramiento técnico y financiero y gestionar el catastro. En Galicia no tenían ningún contrato y buscaron su puerta de entrada en la comunidad a través del Concello de Santiago. En julio del pasado año se hicieron con el servicio de cobro de multas de tráfico en Compostela, pero el contrato no se hizo efectivo porque el concurso está recurrido por la anterior concesionaria.
Las sospechas de que esa adjudicación se realizó de forma irregular llevó a la juez Pilar de Lara, que instruye la Operación Pokémon, a imputar a cinco personas. Según fuentes de la investigación, el administrador de GRS habría concertado con el ya exconcejal de Tráfico Albino Vázquez y con Ángel Espadas -asesor del que anterior alcalde de Santiago, Conde Roa-, la adjudicación del contrato "vulnerando las normas legales vigentes", contando para ello además con la colaboración del delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, de Jesús Fuentes, y de cuatro funcionarios del Concello de Santiago.
El resultado es que Alexandre Ros, José Luis Míguez y Ángel Espadas están en prisión por orden de la juez Pilar de Lara; Jesús Fuentes permanece imputado y Albino Vázquez salió el libertad bajo fianza pero tuvo que renunciar a todos sus cargos en el PP y en el Concello de Santiago.
En la Operación Manga también se investiga la relación de Aquagest con el Concello de Santiago y las ofertas que habría presentado, no ajustadas a la legalidad, para ampliar la concesión del servicio de cobro del recibo de agua. Y derivado de esas acciones, la juez mandó investigar los contratos de Aquagest en otros concellos, como los de Marín y Ponte Caldelas.
