La reforma local no convence a ningún alcalde. Ni en el fondo ni en la forma. Reconocen la necesidad de una reorganización del mapa competencias de los ayuntamientos, pero no cómo la plantea el Gobierno porque, advierten, "vulnera la autonomía local" y relega el papel de los regidores a meras "figuras decorativas". Una semana después de que los alcaldes gallegos de todos los colores políticos anunciaran sus alegaciones al texto cocinado por Hacienda, los partidos representados en la junta de gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se reunieron ayer en Madrid para exponer los cambios que urgirán al Ejecutivo "con una posición común". Los ayuntamientos coinciden en que no quieren costear el mantenimiento de colegios y ambulatorios ya que se trata de una competencia autonómica. Sin embargo no están de acuerdo en la fórmula que propone el Gobierno para ese traspaso. En el caso de sanidad, el borrador defiende que se haga en un plazo de cinco años desde que se apruebe la reforma pero los alcaldes piden que se haga en tan solo uno, el mismo plazo que se fija para la cesión de los servicios sociales a los Ejecutivos autonómicos.
En la práctica, para Galicia supondría que la Xunta tendría que asumir con carácter inmediato los gastos de un total de 170 ambulatorios que en la actualidad sufragan los ayuntamientos. Un mantenimiento que supera los siete millones de euros al año.
En el caso de educación, la administración local exige que se devuelvan a las comunidades sin que queden resquicios que les obliguen a seguir prestando servicios o asumiendo gastos en los centros escolares.
Junto a la cuestión competencial, otra de las reivindicaciones que comparten todos los partidos y que se plasmará en el documento que trasladarán a Hacienda y en el que recogerán las alegaciones de las distintas federaciones territoriales es "la defensa de los municipios pequeños". Los regidores reclamarán la supresión de la intervención por parte de las diputaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes (199 en Galicia, el 63% del total en Galicia) que estén en una difícil situación financiera o que no rindan cuentas en plazo. "Ya hay suficientes mecanismos de control", sentenció el presidente de la FEMP y también alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), en alusión a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la posible retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y a la disolución que ya se contempla para "casos extremos de insolvencia".
El coste
Los ayuntamientos reclamarán además, tal y como recoge ya Fegamp en sus alegaciones, que el Gobierno tenga en cuenta a la FEMP a la hora de evaluar los costes que prestan los municipios de menos de 20.000 habitantes y de fijar su coste estándar así como que se amplíe el plazo para que los ayuntamientos se adapten al coste y que no se evalúen todos los servicios municipales de todas administraciones locales sino solo los de aquellas que "estén incumpliendo desde el punto de vista económico". "Se ha constatado un manifiesto descontento con la ley, generalizado y con independencia de colores políticos, como yo no había visto nunca en una asamblea", manifestó el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), para añadir que todas las intervenciones que ha habido durante el Consejo Territorial han sido para criticar la reforma, e incluso algunas para pedir la retirada del texto.
Los acaldes reclaman además salarios dignos. Hacienda pretende dejar sin nómina a los regidores de ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, reduce a 14.000 euros anuales la nómina para los regidores de municipios con entre 1.000 y 2.000 vecinos y a 21.000 euros en los de entre 2.000 y 5.000. El rechazo es unánime. Todos los partidos representados en la FEMP reclamarán al Gobierno que los alcaldes de menos de mil habitantes (nueve en el caso de Galicia) sigan cobrando.
