La juez de Lugo Pilar de Lara que instruye la Operación Pokémon y su segunda fase, denominada Manga, ha extendido sus investigaciones a Ponte Caldelas y Bergondo. De esta forma, ya son quince los ayuntamientos afectados por una causa dirigida a desmantelar una supuesta trama de ajudicación de obras y servicios municipales e empresas privadas a cambio de sobornos. Las actuaciones judiciales se desarrollan en once ayuntamientos gallegos y en otros cuatro de fuera (Sabadell, Figueres y Sant Hilari en Cataluña y Cangas del Narcea en Asturias).
Las últimas incorporaciones a la lista de concellos bajo la lupa de la juez se han producido en Galicia y corresponden a la ramificación de la Operación Manga. Además de Santiago, Valdoviño, Ortigueira y Cedeira, las pesquisas afectan ahora también a los ayuntamientos de Bergondo (A Coruña) y Ponte Caldelas (Pontevedra). En el centro de la investigación estaría la empresa Aquagest, dedicada a la prestación de servicios hidráulicos. De hecho, en Bergondo revisaron sus oficinas.
Salvo en el Concello de Santiago, donde los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera practicaron un registro en toda regla, en los otros cinco ayuntamientos presentaron requerimientos para que informaran al juzgado de Lugo que instruye la Operación Pokémon de todos los contratos que tienen con Aquagest. En el caso de Ponte Caldelas, Aquagest acaba de hacerse con el servicio para cobrar los recibos del agua, cuando hasta ahora se encargaba el ORAL, el organismo de gestión tributaria y recaudación de la Diputación de Pontevedra.
Al principio, la Operación Pokémon saltó por las maniobras del grupo Vendex para hacerse con contratos de servicios municipales. Esta empresa, con sedes por toda España, está en el centro de las investigaciones. La actuación judicial arrancó con registros e imputaciones de cargos públicos en los ayuntamientos de Ourense, Lugo y Boqueixón para luego extenderse a Santiago, O Carballiño, Cospeito y Sabadell. Como consecuencia, se vieron obligados a dimitir los alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y el de Boqueixón, Adolfo Gacio, del PP. También están imputados, pero conservando el cargo, los alcaldes de Santiago, Lugo y O Carballiño.
El seguimiento realizado por la juez permitió iniciar una segunda fase de la Operación Pokémon que implicó a más ayuntamientos. El detonante fueron las grabaciones telefónicas realizadas de las conversaciones de Ángel Espadas, que fue asesor del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa.
Otra rama
Sus palabras pusieron a Pilar de Lara sobre la pista de una segunda trama dedicada a conseguir contratos de servicios y obras municipales mediante supuestos sobornos. Solo que esta vez la atención se centraba sobre Aquagest, que intentaba conseguir una prórroga de su contrato en Santiago para gestionar el cobro de los recibos del agua, y en la empresa catalana GRS, a la que se le adjudicó, pero fue recurrido el concurso, el cobro de la multas. Tirando del hilo, las investigaciones sobre estos dos firmas se ampliaron a Cangas del Narcea, Sant Hilari, Valdoviño, Ortigueira, Cedeira, Bergondo, Ponte Caldelas o Figueres, con Aquagest y GRS como ejes.
En la Operación Manga se produjeron nueve detenciones, con sus correspondientes imputaciones. Tras prestar declaración, tres de los detenidos ingresaron en prisión: Ángel Espadas; el gerente de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez; y el administrador de GRS, Alexandre Ros. Los demás, unos con fianza y otros sin ella, fueron puestos en libertad. En total, desde que se inició la Operación Pokémon son unas cuarenta las personas han sido imputados por la juez de Lugo.
