El pasado 19 de diciembre el pleno del Parlamento gallego fue interrumpido por un pequeño grupo de afectados por la venta de preferentes. Antonio Sánchez, un empresario compostelano, era uno de ellos y, alterado, amenazó con que habría "sangre" si no lograba recuperar sus ahorros. Fuentes populares consideran lo sucedido un punto de inflexión en las interrupciones de la actividad parlamentaria y por ello la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, estudia fórmulas para evitar que los invitados al hemiciclo vuelvan a entorpecer su actividad.

"En diciembre se alcanzó un punto de no retorno", coinciden las fuentes conservadoras consultadas. El asunto preocupa a Rojo, que aún no ha tomado una decisión sobre los altercados que se han producido en la última parte de la pasada legislatura y el citado de diciembre, pero ya anunció tras su última toma de posesión que no permitiría que la agitación fuese cotidiana en la Cámara. Por el momento, ha consultado con diputados y miembros del partido qué soluciones adoptar. "La reflexión sobre las medidas para evitar que se repitan estos comportamientos se ha iniciado, pero aún no existe decisión concreta", reconocen desde el PP. "No hay nada decidido", coinciden desde el servicio de comunicación de la Cámara.

Los populares prefieren que la tensión se "enfríe" para que la oposición no les eche en cara el cierre de la Cámara legislativa a la sociedad, aunque también tienen la convicción de que es necesario "un cambio". "Es una decisión complicada para la presidenta, que es la que tiene la competencia", apunta un diputado del grupo con mayoría absoluta

Entre las opciones a elegir cabe seguir el modelo de Madrid, donde se restringió el acceso de invitados al hemiciclo como se hizo una temporada en Navarra, o responsabilizar a los grupos de las acciones de sus invitados, a través, por ejemplo, de sanciones económicas (aunque el PP reconoce desconocer si se podría aplicar esa opción) a la restricción de su invitaciones al hemiciclo, pues es en última instancia Rojo quien las firma.

En la legislatura pasada al menos en cinco ocasiones el pleno se vio interrumpido por protestas en la tribuna de invitados por aspectos diversos como los incendios de las Fragas del Eume o las preferentes. A partir de entonces, la presidencia de la Cámara ordenó identificar a los asistentes que afectasen al desarrollo de las sesiones, algo constitutivo de delito.

Los servicios de seguridad ya impidieron el acceso a la tribuna a algún invitado del BNG expulsado con anterioridad en ese mismo período de sesiones y ha ordenado un informe sobre el último altercado. Ahora debe decidir si lo comunica a la Fiscalía para que se investigue la sanción de gente como Antonio Sánchez. "Es un tema muy delicado", admiten fuentes del Partido Popular.