El escrito de querella que presentó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Florentino Delgado, contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, por un delito de prevaricación continuada, se muestra determinante al considerar que hubo una "utilización" del organismo provincial para mantener un estado "clientelar" político a través de las contrataciones realizadas en las que se no se habría seguido el procedimiento legalmente establecido.
La querella del Ministerio Público, que adelantó ayer FARO, será substanciada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, al que se entregaron los seis tomos con más de 1.000 folios de tramitación de diligencias realizadas por la Fiscalía durante dos años a raíz de la denuncia presentada por el grupo socialista de la Diputación.
Los argumentos que esgrime en su querella la Fiscalía de la Audiencia Provincial se sustentan en todos los expedientes objeto de la denuncia presentada en su momento por el PSOE -en un principio los 115 contratos realizados en las semanas previas al congreso provincial del PP, así como la ampliación realizada posteriormente sobre otros 76 procesos de contratación-, y en indicios de que el proceso se desarrolló de forma ilegal.
De ahí que el fiscal jefe mantiene que la contratación de las cerca de doscientas personas en la Diputación se llevaron a cabo "sin ningún tipo de procedimiento reglado", y que estarían directamente vinculadas a la época en la que se celebró el congreso del Partido Popular de Ourense, en 2010, y que supuso el traspaso de poder de José Luis Baltar a su hijo, Manuel Baltar, que posteriormente también se convertía en su sucesor en la presidencia de la Diputación.
Es por eso que el fiscal jefe de Ourense sostiene en su escrito que existe una clara "vulneración" del procedimiento legalmente establecido para las contrataciones de personal que en esos momentos realizó el ex presidente de la Diputación.
Interés político
De la investigación realizada por el Ministerio Fiscal durante dos años, después de que los responsables del PSOE ourensano, en concreto su secretario provincial, Raúl Fernández, y la secretaria de organización, María Quintas, presentasen la correspondiente denuncia, se concluye que existe un delito de prevaricación continuada.
Sostiene el fiscal jefe que las contrataciones realizadas por el expresidente de organismo provincial se consumaron sin "amparo legal alguno", y hace especial hincapié en la "ausencia" de publicidad en los procedimientos seguidos, además de otras presuntas irregularidades que llevaron a la acusación del delito de prevaricación.
Lo que queda por concretar, una vez que asume la instrucción el juzgado, es si en todo el proceso objeto de la denuncian se han producido otro tipo de delitos, como a los que aludían los socialistas, relativos a los indicios de una presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, en lo que consideraban como una política de "enchufismo" que durante toda su trayectoria al frente de la Diputación habían llevado a cabo José Luis Baltar.
Es por eso que corresponde ahora al titular del Juzgado de Instrucción realizar la investigación para determinar si se produjo ese delito de prevaricación continuada o alguno de los que señalaba el PSOE.
El PSdeG-PSOE y Alternativa Galega de Esquerda (AGE) aplaudieron ayer la decisión de la Fiscalía de presentar una querella contra el expresidente de la Diputación de Ourense.
El portavoz socialista en la Diputación de Ourense, Ignacio Gómez, y la secretaria de Organización provincial, María Quintas, manifestaron que la investigación "por enchufar a 115 personas" es sólo "la punta del iceberg del entramado caciquil del PP en Ourense".
Así las cosas, exigieron al presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a quien consideran "cómplice" de esta situación, una "reacción" en consecuencia con la "gravedad" de los hechos.
