A la reforma financiera le acompaña siempre la justificación de que los inversores dudan de la solvencia del sistema en España, de que eso multiplica el interés que se pide en las emisiones de deuda pública y que la recesión es incapaz de encontrar una salida porque por ambos motivos la financiación al tejido productivo no fluye. Y es cierto que el grifo lleva tiempo cerrado, en el círculo vicioso protagonizado por el freno de la actividad, el continuo incremento del desempleo y el temor de las entidades a seguir acumulando morosidad. Pero con diferencias sustanciales en función de quién pide el dinero. Galicia lidera el recorte de los préstamos en el conjunto del Estado, con casi un 11% menos de operaciones en vigor desde el arranque de la crisis, a finales de 2008. En ese dato se acumula lo que está ocurriendo con familias y empresas por un lado y con las administraciones públicas del otro. Dos comportamientos absolutamente diferentes. El crédito a los organismos públicos de la comunidad se duplicó.

A diciembre de 2008, la financiación de bancos, y entonces también las cajas, al sector público gallego apenas superaba los 1.500 millones de euros, de los que precisamente las antiguas entidades de ahorro sumaban 873 millones, frente a los 630 de los bancos convencionales y 340 millones procedentes de las cooperativas de crédito. Tres años y medio después, en el segundo trimestre del actual 2012, los préstamos a las administraciones rozan los 3.000 millones de euros, según la última estadística del Banco de España. Un 95% más que contrasta con el desplome del 12,6% en la financiación a otros sectores residentes.

Es decir, hogares y empresas, que a finales de 2008 contaban con un saldo de 68.860 millones de euros y que se ha ido reduciendo en 8.700 millones hasta la actualidad, donde los préstamos se sitúan en 60.146 millones. La comparación con el contexto nacional es otra vez muy llamativa, con un descenso medio del 6,69%, la mitad que en el caso concreto de Galicia.

¿El agravamiento de la situación económica limó esta evidente diferencia de comportamiento? No. Todo lo contrario. Solo en la primera mitad de este ejercicio, el crédito a disposición del sector público en la región creció un 14%, en casi 500 millones de euros, mientras que las concesiones a particulares disminuyeron por encima del 2%, en 1.334 millones de euros. A razón de 7,3 millones menos por día.

Que las administraciones en apariencia no tienen tan complicado acceder a la financiación del sistema financiero es la tónica general en todo el país, con un aumento del 122% en el conjunto del Estado desde diciembre de 2008. Madrid supone, de lejos, la comunidad en la que su sector público arrastra un incremento mayor en los préstamos bancarios, de un 306,5%, hasta colocarse como la primera en cifras absolutas. No lo era en los inicios de la crisis. Un lugar que ocupaba Cataluña, donde sus organismos mantienen a estas alturas un 97% más de crédito que entonces, según las estadísticas de supervisor. Justo por detrás se sitúa Andalucía, que experimenta un alza del 65,7% en el periodo.

Con registros superiores a la media nacional figura el sector público de Murcia (203,5%), La Rioja (160,8%), País Vasco (158%) y Cantabria (145%) La subida en la Comunidad Valenciana asciende a casi el 119%, y un 110% en Asturias. Baleares y Castilla y León son, en cambio, las que se anotan los aumentos más discretos, del 39,6% y el 70,6%, respectivamente.

Sin esa distinción entre el destinatario, el agregado del crédito en Galicia sufrió en el último año recogido por el Banco de España, entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012, una caída del 8,18%, cuando en el total de las comunidades se queda en el 3,27%. El ajuste pasa del 12% en la autonomía si añadimos un año más atrás, en comparación con el saldo a junio de 2011 y frente al recorte nacional del 4,2%.