La separación "progresiva y ordenada" del lastre del ladrillo en el negocio bancario para acabar con la reforma financiera y aliviar así parte del azote sobre la prima de riesgo correrá a cuenta del sector. A las propias entidades deja el Ministerio de Economía los detalles sobre cómo gestionar mejor los activos una vez que salgan de los balances, aunque todo apunta a la creación de sociedades intermedias, a modo de grandes inmobiliarias, con las riendas en manos de expertos. "No lo descarto, depende del planteamiento que hagan", asegura Luis de Guindos, que tampoco cierra la puerta a que finalmente las arcas públicas tengan que echar una mano. Eso sí, "en principio", no habrá ayudas.
Entre provisiones y refuerzo de capital, el decreto de saneamiento impone una movilización interna en el sector de entre 53.000 y 54.000 millones de euros. La valoración deja el suelo a un descuento del 80%, un 65% en el caso de las viviendas sin terminar y de un 35% para las que están acabadas. "Valores de mercado" para el ministro de Economía. "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta –continúa–. Y eso es lo que de alguna manera se va a favorecer en los próximos días". En línea con la preocupación en la que coinciden las cúpulas de las diferentes entidades, el reto pasaría por adecuar la tasación de parcelas y promociones a la realidad. Que las coberturas estén bien estipuladas, "el elemento fundamental". De Guindos se compromete con la "absoluta transparencia" en el proceso. "Se va hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", señala.
Ahí está el papel del Ejecutivo y del Banco de España, que "se limitarán" a marcar "las reglas para que efectivamente eso se produzca", las "normas generales". "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta –insiste–, son operaciones de mercado".
¿Cuál sería el montante de los activos? Pues dependerá de si la medida es voluntaria o no. De ahí que De Guindos asegure que la segregación "podría afectar" a 170.000 millones de euros, que es la suma total, según el supervisor, de los activos dañados en el conjunto del sistema.
Para esas pautas que pretende imponer en breve, el Gobierno está sondeando a bancos de inversión con experiencia previa en procesos así. Son, al menos, tres del grupo de asesores que trabajaron en la creación del banco malo financiero en Irlanda o incluso la reestructuración de la deuda griega, según señala la agencia Reuters. Credit Suisse, UBS y Goldman Sachs, que, por cierto, en un reciente informe calculó que la banca española necesita hasta 58.000 millones de euros más –19.000 millones por la situación actual de los activos y 39.000 millones a mayores ante el deterioro previsto por el aumento de la morosidad– en saneamientos extra.
"La banca española está por encima de las ratios más exigentes"
Antes del comienzo de la reunión del Ecofin que abordaba ayer la necesidad o no de reforzar las provisiones de la banca europea, el ministro de Economía se citó con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para abordar las ayudas públicas concedidas al sector –Bruselas advirtió que hasta lo que salga del Fondo de Garantía de Depósitos se considerará así– y mantener una conversación "general" sobre el sector. "El comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado", aseguraba De Guindos.
El ministro defiende que el sector en España cumple los requisitos de calidad más exigentes del acuerdo internacional sobre solvencia bancaria. "Están claramente por encima de las ratios más exigentes de Basilea III, tanto desde le punto de vista de lo que es la calidad del capital como desde lo que son los niveles de capital", asegura. Las entidades españolas son, según De Guindos, de las que menos apalancadas están en Europa, lo que garantiza su solvencia y capacidad para hacer frente a la crisis.
"España llega a esta discusión con una posición cómoda garantizada por lo que es una situación de solvencia muy importante de sus entidades", reitera. La pretensión de España, afirma el ministro de Economía, es que la normativa europea, que adaptará las leyes de la UE a los requisitos internacionales, garantice "un nivel de capital de elevada calidad que sea suficiente para hacer frente a futuras crisis financieras".
