El director general de Movilidad, Miguel Rodríguez, ha subrayado hoy que la "presión" sobre el Gobierno luso ha sido continua para flexilibilizar las medidas sobre los telepeajes y ha agregado que, por ello, "es evidente que quien tiene que mover ficha" es el Ejecutivo de Portugal.
Rodríguez ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera en la comisión sobre ordenación territorial, sobre las medidas que está llevando a cabo la Xunta para proteger los intereses de los gallegos ante los telepeajes implantados en la autopista A-24, entre Verín y Chaves.
Francisco Rivera ha pedido soluciones "inmediatas" ante la "dramática situación" que afecta a los flujos comerciales de la frontera portuguesa y ha demandado "presión política" no sólo sobre el Gobierno luso sino también sobre el español para conseguirlas.
"Es difícil poner un plazo porque depende del Gobierno de Portugal" y no de la Xunta, ha explicado el director general, quien ha evocado la "presión continua" de la Xunta en esta materia, a la que se "vio obligada", ha dicho, ante la "total pasividad" del anterior Gobierno central liderado por el PSOE.
Así, se ha referido al impulso desde el Ejecutivo gallego y desde el principio para que el Gobierno luso priorizara la adopción de medidas efectivas para el pago por el uso de sus autovías, pues las relaciones entre Galicia y Portugal son de "vital importancia".
Las gestiones, ha relatado, comenzaron en junio de 2010, con la implantación de los peajes, y desde entonces tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, mantuvieron diversas reuniones con responsables del Gobierno luso para lograr el acceso al mismo sistema de pago de los peajes que los portugueses y la clarificación del mismo.
Dicho acceso podía establecerse mediante la adquisición del dispositivo vía verde en Galicia en el banco Caixa Geral y en los servicios de correos de Portugal, con el alquiler en áreas de servicio o red de correos del país vecino, o la adquisición del servicio de pago a entidades que prestan servicios a empresas de transporte internacional.
No obstante, ha destacado Rodríguez, el Ejecutivo de Portugal se ha comprometido a desarrollar a corto plazo otras soluciones "más flexibles" que posibiliten el pago por internet o puestos fijos en aeropuertos o áreas de servicio de la tasa de peaje a través del cargo en cuenta bancaria o en efectivo, con la devolución del saldo no utilizado a solicitud de los usuarios.
Según sus datos, el impacto del telepeaje en las relaciones comerciales entre Galicia y Portugal ha supuesto una caída de las exportaciones gallegas de entre el 5 y el 10 por ciento, sobre todo en el sector textil, de la industria alimentaria y de la metalurgia.
