Los concellos están ahogados. Hace unos días, Cangas devolvía cuatro vehículos porque no tenía dinero para pagarlos, Silleda lograba que una gasolinera volviese a suministrar a sus vehículos tras negarse un día antes por el impago de una deuda de 24.000 euros, Moaña, y también Cangas, salvaba in extremis el corte de luz por impagos anunciado por Fenosa, y antes le pasó a Silleda, y Vimianzo anunciaba que quiere pagar a un constructor dándole su Casa da Cultura. Son la punta del iceberg de una situación que ya no solo amenaza a los bienes municipales, sino también a los trabajadores, tanto temporales como fijos. Destacados dirigentes del ámbito local reconocen que "muchos ayuntamientos tendrán que despedir a empleados indefinidos".

La crisis y la caída de ingresos dejan a los concellos al borde del precipicio y "lo peor está por venir", reconocen varios alcaldes, tras recordar que deberán devolver al Gobierno central 117 millones de euros por los adelantos de 2009, casi el doble que en 2008. Ante esta situación, la mayoría ha optado por tijeretazos drásticos en sus gastos para evitar el impago de nóminas, algo que la Xunta ha evitado en casos puntuales, como admiten fuentes municipales. "En alguna ocasión han liberado rápidamente una partida para evitar retrasos, pero son pocos casos", confiesa un regidor.

Muchos concellos han empezado a no renovar contratos temporales, apagar farolas, anular subvenciones a fiestas y asociaciones vecinales, ralentizar la obra pública, que en el primer semestre del año cayó un 57%, y suprimir gastos de telefonía, dando de baja incluso móviles.

En este ajuste existen excepciones donde no se utiliza la tijera, como Ourense, cuyo Gobierno municipal gastó este año 334.000 euros en facturas de telefonía e internet, 125.000 más de lo presupuestado, a lo que se unieron otros 153.000 que no estaban previstos en protocolo y publicidad. Además, comenzó a pagar el viernes facturas de los últimos cuatro años que alcanzan los 1,2 millones de euros, más los consiguientes intereses por demora.

Sin embargo, la mayoría, indican desde la Fegamp, se aprieta el cinturón. "La situación es gravísima y delicadísima y lo peor será en 2012 cuando empecemos a devolver las liquidaciones, además muchos gobiernos locales aún no saben cómo están sus cuentas", explica un dirigente local.

Hasta hace poco el personal era un ámbito vetado al recorte. Ya no. "Muchos concellos realizaron contrataciones abusivas en época de bonanza y consolidaron puestos; en más de uno deberá haber despidos de fijos, pero antes intentarán recolocarlos en otros puestos", añade.

Y es que no hay fondos siquiera para renovar contratos. Una docena de los 53 concellos turísticos que el año pasado recibieron ayudas de la Xunta para reforzar la Policía Local durante el verano renunciaron a más efectivos este año porque no pueden pagar su parte de esas nóminas.

Los alcaldes y dirigentes consultados niegan que vayan a aumentar impuestos, pero coinciden en una estrategia común: revisar si las tasas actuales, como el Impuesto de Bienes e Inmuebles o el de circulación, se cobran en su totalidad, exigir el cobro de multas atrasadas y renegociar contratos como el del suministro eléctrico o la telefonía.

En este sentido, la Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha una iniciativa para armonizar los impuestos en todos los municipios y evitar diferencias entre ayuntamientos limítrofes, por ejemplo, en el caso de la tasa de basuras. Desde la institución presidida por Rafael Louzán apuntan los servicios mancomunados y la colaboración como una fórmula para que los municipios puedan reducir gastos. La prioridad actual, sin embargo, es meter la tijera en el gasto corriente. Ésta es una radiografía de algunas de las decisiones locales para detener su sangría económica.