Desde su entrada en vigor hace justo cuatro años, el 1 de enero de 2007, a la ley de Dependencia le ha acompañado casi siempre la polémica. Por falta de agilidad o de fondos, su cumplimiento está muy lejos de alcanzar la revolución social con la que el Gobierno la promocionó hasta la saciedad. La grave crisis económica es el enésimo problema que se encuentra en el camino hasta el punto de que hace solo unos días, el consejero de Salud y Bienestar social de Castilla-La Mancha, con un ejecutivo socialista, amenazó con dejarla de lado si no recibía más dinero de las arcas estatales. Fernando Lamata achacaba parte del alto endeudamiento de la autonomía al pago de estas ayudas. Y es que las diferencias entre los diferentes territorios en la aplicación de la normativa es abismal. Galicia está a la cola. Muy a la cola. Solo Canarias tiene una lista de espera mayor para la revisión médica y el abono de las prestaciones en función de las solicitudes recibidas. En el arranque de este 2011, un 40% de los dependientes gallegos con derecho todavía no empezaron a recibir lo que les corresponde.
De las 87.975 peticiones acumuladas en Galicia desde el estreno de la ley –realmente, el número total asciende a 107.547, aunque una parte de ellas está ya fuera por fallecimiento, revisión del grado de dependencia o porque había más de un expediente por una misma persona–, un 82,1% ya fueron revisadas y el demandante pasó por el dictamen de los servicios médicos. El primer trámite para poder acceder a la subvención o uno de los servicios que se ofrecen. Otros 15.708 están a la espera todavía de análisis. La media nacional roza el 92%, diez puntos por encima, y únicamente Canarias tiene una cantidad de solicitudes analizadas menor, el 80,2%, según los últimos datos que acaba de publicar el Imserso, a 1 de enero de 2011.
Hay ocho regiones que cuentan con un volumen mucho más elevado de personas diagnosticadas en función del conjunto del Estado. Son La Rioja y Cantabria, las dos muy por encima del 99% de todas las instancias recibidas; en Comunidad Valenciana llegan al 98,6%; un 97,8% en Cataluña; alrededor del 94% en País Vasco y Murcia; casi en ese mismo porcentaje se mueve Madrid; y Navarra llega al 93%.
No son los mismos protagonistas del otro principal examen en el cumplimiento de la norma. ¿Cuántos de los dependientes que, tras pasar por los especialistas, están amparados por la ley cuentan efectivamente con la ayuda? Una posibilidad reservada hasta ahora a los más graves y severos, los de grado III y II. En esa situación están en Galicia casi 54.000 dependientes con dictamen y tiene prestación solo un 60,5%. El resto, 21.256, siguen esperando
De nuevo bajo este parámetro la situación gallega es de las peores de toda España, con Canarias otra vez con un ritmo de pago más pausado (41,5%), junto a Valencia, que está entre las que más rápido diagnostican y que tardan más en reconocer prestaciones, un 56,8%. En el conjunto del país se ronda el 74%. ¿Qué comunidades están más al día del cumplimiento de las ayudas? Castilla y León, con un 89%, lidera el ranking, con Cantabria y las ciudades de Ceuta y Melilla en el entorno del 88%. Los beneficiarios con prestación llegan al 87,8% en La Rioja; al 85,7% en Aragón y el 85,5% en Navarra; en Asturias se sitúa en el 83%. Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha están también por encima de la media, con un 78,7%, 77% y un 75,8%, respectivamente.
El desequilibrio con el que camina la Ley de Dependencia en Galicia provoca que, aunque la comunidad ronde el 6% de todas las solicitudes de reconocimiento de España, en cuanto a las prestaciones totales asignadas baje hasta poco más del 4%. En la mayoría de comunidades la proporción entre peticiones y ayudas en comparación con el conjunto del Estado es prácticamente la misma.
A la lista de espera hay que sumar desde el arranque del año otros casi 6.000 dependientes revisados. Más leves, del grado I nivel 2. La ley insta a incluirlos desde 2011 en la bolsa de prestaciones. Otros 7.100, del mismo grado y nivel 1, tendrán que seguir aguardando.
A principios del pasado año, la Consellería de Traballo y Benestar puso en marcha un decreto autonómico para regular los tiempos de espera, con el compromiso de reducir de 18 a 6 meses el plazo para tramitar los expedientes. La titular del departamento, Beatriz Mato, defiende que desde la llegada del nuevo ejecutivo a la Xunta más de 26.000 dependientes entraron en el sistema de los 40.000 que en total se han atendido en los cuatro años en vigor de la ley. El Gobierno gallego no ha ahorrado críticas para Moncloa, e incluso defiende que si la aportación del Estado alcanzara el 50% al que está obligado, "ningún dependiente quedaría sin atender". Según Mato, los fondos estatales apenas suponen el 30% del coste de la aplicación de la normativa, unos 96 millones en 2010, mientras que la comunidad puso 256.
La Ley de Dependencia ha sido una de las víctimas de los recortes aplicados por el Gobierno central para recuperarse de la recesión. No hay derecho de retroactividad. Los beneficiarios no cobran desde que realizaron la petición, sino desde la aprobación de la ayuda.
