La crisis amenaza con convertir la asfixia económica que sufren muchos concellos gallegos en un auténtico problema también para el bolsillo de sus regidores. En respuesta a las denuncias de proveedores, constructores y otro tipo de empresas afectadas por los impagos de algunos consistorios, la Justicia ha empezado a reclamar estas deudas a través de multas coercitivas contra los propios alcaldes. Este es el caso del regidor de Mondoñedo, Orlando González, que en el último año ha recibido varias notificaciones judiciales emplazándole a que su concello abone pagos pendientes bajo amenaza de imponerle una multa personal de 1.200 euros.

Media docena de empresarios han llevado a los tribunales al Concello de Mondoñedo por retrasos en los pagos de diversas obras. La Justicia les ha dado la razón a la mayoría, obligando al consistorio a liquidar sus deudas. El problema es, como explica González, que el concello no tiene "fondos" para pagar. Este es el argumento en el que han basado sus recursos contra las sentencias que condenan a Mondoñedo a pagar un dinero "que no tiene" aunque el regidor añade que en algún caso se ha optado por negociar con la empresa una "refinanciación de la deuda", lo que eximiría al alcalde de la multa.

"Me parece fatal que me multen porque ese dinero no lo debo yo ni tampoco lo generé", argumenta el regidor, quien explica que todas estas sentencias son por obras ejecutadas en las dos legislaturas anteriores y que sus predecesores dejaron sin pagar. "Abandonaría la Alcaldía antes que tener que pagar una multa por una deuda que no generé yo. Y entonces tendría que asumirla el siguiente alcalde", razona.

Éste no es un caso aislado. Aunque la Fegamp no tiene datos sobre cuántos alcaldes pueden estar en una situación similar, el presidente de la institución, Carlos Fernández, reconoce que "no se salvaría ni un solo concello" si la Justicia empezara a extender esta vía de reclamación. "Porque todos, el que más y el que menos, arrastran un retraso en los pagos", añade.

Orlando González apunta, además, que en la provincia de Lugo "hay más casos". Como el de Ribadeo, cuyo alcalde, el nacionalista Fernando Suárez Barcia, se enfrenta también a otra multa por no acatar una sentencia por impago.

En otros casos el temor de los alcaldes se refiere a sentencias que aún están por venir pero que derivarán en el pago de algo más que una multa por parte del concello. Es el caso de Bueu (Pontevedra), un municipio con las cuentas "saneadas" pero que según el alcalde Félix Juncal espera con preocupación varias sentencias sobre edificios ilegales construidos hace "15 o 20 años" que da por hecho que en algún caso exigirán una "responsabilidad patrimonial" al concello. "Que alguien me explique cómo arbitro yo recursos para enfrentarme a esa responsabilidad patrimonial, porque no se nos permite endeudarnos", señala.

Precisamente, las dificultades de los concellos para hacer frente a sus deudas se ven agravadas por la prohibición del Gobierno de recurrir a partir de 2011 a créditos bancarios. Esta medida reduce aún más las vías de financiación de los alcaldes gallegos, que la semana pasada recibieron otra mala noticia ante la negativa del Ejecutivo a aplazar la devolución de los casi 100 millones de euros que recibieron en 2008.