Casi mil millones de euros menos. Ésta es la previsión con la que trabaja la Xunta para elaborar sus presupuestos de 2011, lo que supondrá triplicar casi el recorte aplicado este año, que fue el primero de la historia de la comunidad. La restricción será de tal calibre sobre la capacidad de gasto de la Administración autonómica, de 945 millones de euros (un descenso del 8,6%), que la Xunta se verá obligada a revisar “todas las políticas públicas”. Meter las tijeras al gasto corriente resulta ya totalmente insuficiente, por lo que el recorte afectará también a las inversiones, las transferencias -tanto a ayuntamientos como empresas y asociaciones-, las subvenciones, las ayudas, los conciertos o los gastos en publicidad y propaganda institucional. Únicamente quedarán “blindados”, según sostiene la Xunta, los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero las consellerías que los gestionan también tendrán que reducir su capacidad de gasto en el resto de las partidas, con las que se financian también programas sociales.
El nuevo escenario presupuestario, adelantado por FARO al recoger unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, en las que el presidente advertía de que con el dinero previsto para 2011 “no se va a poder atender los servicios públicos, lo presentó ayer la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Lo vamos a pasar un poco mal”, resumió. Y es que el dinero para dedicar al gasto no financiero -que no incluye los fondos destinados a amortizar la deuda pública- será de 10.107 millones de euros, 945 menos que este año.
La culpa de esta caída presupuestaria la tienen las transferencias procedentes de Madrid y la menor capacidad de endeudamiento, limitada por la obligación de reducir el déficit público. En total serán 964 millones de euros menos en el capítulo de ingresos, un 8,6% menos que este año.
La conselleira aseguró que los ingresos tributarios y los fondos procedentes de la UE se mantendrán, pero que bajarán las transferencia de Madrid, a quien hay que devolver 119 millones de euros en concepto de anticipos mal calculados entregado en 2008. Así que los ingresos no financieros caerán en 160 millones de euros.
Endeudamiento
Pero el mayor recorte corresponde a los ingresos financieros, los obtenidos por el endeudamiento, debido a la política de reducción de déficit pública obligada por la UE. Este año la capacidad es de 1.532 millones y en 2011 quedará limitado a 729, lo que supone una reducción del 52% y el disponer de 803 millones menos. Esta rebaja resulta capital, porque con la deuda solo se pueden financiar inversiones, así que la Xunta tendrá que buscar otras fórmulas para mantener la ejecución de obra pública.
A modo de ejemplo y para dar la medida del alcance del recorte, Marta Fernández aseguró que equivale al presupuesto completo de la Consellería de Traballo; o al de Cultura y Medio Rural: o al de Presidencia, Economía, Mar y Cultura juntos.
“¿Qué vamos a hacer?”, se preguntó la conselleira. “Pues una nueva forma de gestión y una revisión completa de todas las políticas públicas de gasto”, se respondió. Esto significa que cada consellería tendrá que ajustar su gasto -en una proporción que todavía falta por decidir- y justificar el destino de cada euro en función de los resultados y su rentabilidad para buscar la eficiencia, “porque no todas funcionan”. Y claro, recortar inversiones, gasto corriente y de mantenimiento, subvenciones, protocolo, transferencias y proceder a la supresión de los 64 entes instrumentales ya previstos sin cubrir las plazas laborales que quedan vacantes.
En todo caso, puntualizó que se dará prioridad a la inversión productiva y a los servicios básicos fundamentales para no comprometer ni el futuro ni el crecimiento económico de la comunidad. Y aunque se “blindará” la sanidad, los servicios sociales”, las consellerías que gestionan estas prestaciones también tendrán que meter las tijeras en las partidas que no afectan a estos servicios, como subvenciones, conciertos o programas sociales que desarrollan los ayuntamientos o determinadas asociaciones privadas.
En todo caso, la conselleira aseguró que se trata de una primera aproximación oficial y que las cifras puedan variar.
