Pese a la firme oposición a recoger nada por escrito hasta la celebración de una reunión, la reiterada negativa de la Xunta a hablar de alternativas hasta verse cara a cara con los representantes del Gobierno central, finalmente los conselleiros de Presidencia y Facenda han remitido al Ministerio de Política Territorial una propuesta por escrito para desbloquear las negociaciones de la ley gallega de cajas. Como reclamaba el secretario de Estado de Cooperación, de palabra primero tras la última reunión hace más de una semana y en otra misiva también que Gaspar Zarrías hizo llegar a San Caetano el pasado jueves. Era su condición para reabrir el diálogo y el Ejecutivo gallego cede. Una nueva redacción para tres de los artículos pendientes de concretar entre los once impugnados por el Constitucional y acuerdos interpretativos para otros dos.

¿Qué oferta hay encima de la mesa para los tres casos de nuevo texto? Apenas hay detalles. La Xunta no los quiere dar. Y no será por la relevancia de los preceptos y el choque frontal que suscitan entre ambas administraciones, con visiones radicalmente diferentes en todos ellos.

Por un lado, el artículo 15, que regula la actuación ante una situación de déficit patrimonial en alguna de las cajas y en el que el Abogado del Estado critica una invasión clara de competencias del Gobierno central y el Banco de España; el artículo 37, en el que la normativa gallega veta a cualquier otro sector que no sea el Parlamento para tener más de un representante en el Consejo de Administración rompiendo así con el principio de proporcionalidad y que, al estar impugnado por el Constitucional, tampoco permitía aplicar la posibilidad de cese inmediato a los miembros de la cúpula de más de 70 años; el tercero, la disposición transitoria que marcaba dos meses para renovar "la totalidad" de los órganos de decisión y que Moncloa critica por romper con la obligación de llevar a cabo el proceso parcialmente para evitar el impacto en la gestión ordinaria de las entidades.

Los acuerdos interpretativos los reserva Facenda y Presidencia para la regulación de la mayoría necesaria en las Asambleas para decidir una fusión –la ley establece un respaldo simple, aunque la normativa estatal que hay que seguir exige el voto de dos tercios– y para el control sobre los presupuestos de la Obra Social.

En la carta remitida ayer por la tarde y que, según Facenda, está ya en dependencias del ministerio, se insta al secretario de Estado a convocar inmediatamente un encuentro. La consellería entiende que Zarrías "no tiene nada" que le impida "reiniciar" las conversaciones que "levantó de manera unilateral" hace diez días. La propuesta por escrito era "el único" condicionante que ponía.

Tanto Fernández Currás como Rueda aseguran que sus agendas están "a disposición" del ministerio, "incluso este mismo fin de semana" con el objetivo de aclarar los puntos de conflicto "y no levantarse de la mesa hasta que se logre un acuerdo".

Lejos de dar alguna pista de la decisión de la Xunta, el discurso, horas antes, del presidente cerraba las puertas a ninguna cesión por parte de la delegación gallega. "Es muy difícil acordar con quien no quiere negociar y el Gobierno central tiene la llave de seguir negociando, de poner una fecha", recriminaba Feijóo, con acusaciones de nuevo contra todo el PSOE y especialmente su líder en Galicia, por "bloquear" las cajas gallegas y un "reto" a José Luis Rodríguez Zapatero para que dé la vuelta a la situación.

Uno de los aludidos, el secretario general del PSdeG, confía todavía en la posibilidad de "sacar adelante" una propuesta "con todas las garantías" para los ahorradores gallegos. "El tiempo pondrá a cada uno en su sitio –advierte Manuel Vázquez–. Se demostrará quién le dijo la verdad a Galicia y quién jugó con Galicia".