Edificar en la costa de Pontevedra va a resultar bastante más difícil cuando entre en vigor el Plan de Ordenación del Litoral (POL), cuyo documento previo ha sido evaluado la pasada semana por el Consello de la Xunta. Según las primeras aproximaciones, con cifras provisionales, unas 3.700 hectáreas de suelo urbanizable previsto en las Rías Baixas en los planes municipales en vigor quedarán sometidas a la regulación el POL, que prohibirá totalmente la construcción en unas 1.200 hectáreas, lo que supondrá reducir en un tercio la expansión urbanística planificada por los concellos.
El Plan del Litoral establecerá la ordenación y los usos de 212.000 hectáreas de la franja costera de Galicia. Del total, 56.000 hectáreas pertenecen a la provincia de Pontevedra, lo que representa el 26,3% del territorio afectado por el nuevo modelo de urbanismo que la Xunta quiere implantar para limitar la presión urbanística en la costa.
El ámbito de gestión del POL abarcará unas 3.700 hectáreas de suelo urbanizable que los ayuntamientos tiene calificado como tal en las Rías Baixas. Pero mientras en unas 2.000 se dejará totalmente vía libre a los ayuntamientos para que continúen con su planificación urbanística por encontrarse dentro de los entornos ya urbanizados o en las zonas más alejadas de la costa, en otras 1.200 no se podrá levantar construcción alguna. La prohibición de edificar será total, bien por estar ubicadas en la parte más próxima a la línea de playa y ser objeto de una protección especial o porque pertenecen a los llamados corredores medioambientales, que son las áreas conformadas por las cuencas fluviales a las que la Xunta quiere dar también la máxima protección.
Esto supone recortar en un 32% la superficie urbanizable actual que tiene aprobado el conjunto de los ayuntamientos de las Rías Baixas.
En el resto de la superficie urbanizable, otras 600 hectáreas, la actividad constructiva se podrá seguir desarrollando, pero con fuertes restricciones para preservar el medio natural y la fisonomía de los núcleos, lo que impedirá la aparición, por ejemplo, de urbanizaciones aisladas.
Al margen de esas limitaciones quedan los núcleos urbanos y rurales existentes, para los que las condiciones las marcan los respectivos planes municipales y la Lei do Solo.
No obstante, estas cifras, como advierten en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, son provisionales y el número de hectáreas podría sufrir variaciones porque ahora hay que ajustar al detalle la planificación del Plan del Litoral con la información que faciliten los concellos, pues puede haber suelo urbanizable con algún tipo ya de actuación que no figura en la cartografía del POL.
En el conjunto de las Rías Baixas, el Plan del Litoral establece un área de protección especial de 17.000 hectáreas, incluyendo la primera línea de mar y las cuencas fluviales. Esta medida, que afecta al 30% del ámbito de gestión del POL, tiene por objeto evitar en el futuro que la expansión urbanística y los planes de ordenación municipal alcancen a zonas que se quieren preservar por sus valores paisajísticos, medioambientales o patrimoniales. En estas 17.000 hectáreas están incorporadas las 3.700 calificadas como urbanizables por los ayuntamientos.
En otras 11.000, si algún día los concellos deciden ocuparlas, la Xunta fijará duras restricciones para la edificación, mientras que en las restantes 28.000 hectáreas no habrá más regulaciones que las que establezcan los concellos, estando éstas en la zona más interior de los términos municipales.
En el conjunto de Galicia, la prohibición total de construir afecta a 66.000 hectáreas, de las que 45.746 están encima del mar y otras 20.000 en las cuencas fluviales. En otras 46.242 se podrá edificar, pero con limitaciones para preservar el entorno natural y causar el menor impacto.
