Al final, la última palabra en el reparto de asignaturas entre gallego y castellano, con un tercio en inglés si cuentan con medios para hacerlo, cae prácticamente de lleno en manos de los propios colegios. De los consellos escolares, donde el personal directivo, profesores, alumnos y padres tendrán que encajar toda la programación, materia por materia, para adaptarse a las reglas que marca el nuevo decreto lingüístico a partir del próximo curso con un respeto escrupuloso a la distribución entre los tres idiomas. Las novedades pillan a la comunidad educativa de vacaciones y sorprendida por el contenido de la norma. "Una auténtica chapuza", asegura, tajante, José Ángel Suárez, presidente de los directores de secundaria de Galicia. "Esperpéntico", añade, sin morderse la lengua tampoco, el máximo responsable de los centros de primaria en Vigo, Alfonso Guitián. Los que se enfrentan día a día con el trabajo en las aulas y la organización interna de institutos y escuelas dan por hecho que tal y como está planteado el borrador es "imposible" ponerlo en práctica y alertan de los "graves conflictos" que puede levantar.
"Lo increíble es que no había ningún problema, lo crearon ellos y ahora pretenden que lo resolvamos nosotros", se queja Suárez. Ni siquiera entra a desgranar las cuotas establecidas para cada lengua, "una cuestión política, no educativa desde luego". "Lo que no tiene sentido es cómo quieren aplicarlo, francamente no le veo ningún recorrido", insiste. Los directores de secundaria se preguntan hasta qué punto la consulta a los padres en las asignaturas "instrumentales" –Matemáticas y Coñecemento Social, una en gallego y otra en castellano– estarán legitimadas. "¿Y si votan cinco padres, tres apuestan por una fórmula y dos por otra? ¿Eso va a marcar nuestra línea educativa?", cuestiona el presidente, preocupado también por el lugar en el que quedan los "derechos individuales" de una familia que se plante en desacuerdo con la decisión adoptada en el colegio y la posibilidad que el mismo borrador de decreto recoge para elegir la lengua del libro de texto y del examen, sea cual sea la materia.
"Nos dejan la pelota sobre nuestro tejado –continúa José Ángel Suárez– y eso va a generar conflictos muy graves". Y un "caos". "Todos deberíamos seguir una misma línea para evitar desigualdades en la escolarización y al final cada uno tendrá que seguir la suya", critica.
"Estoy harto de los devaneos políticos", reconoce Alfonso Guitián. Tras 30 años de profesión, "parece que ya todo vale". "Somos el estropajo de la educación; desde arriba es muy fácil decidir, pero el problema nos cae ahora a nosotros, que no lo hemos creado", apunta. En el caso de primaria, la elección que se deja para los padres está entre Matemáticas y Coñecemento do Medio. "No deberían intervenir en nada, para eso están los técnicos, ¿o es que yo puedo decidir si una calle es de doble vía o no porque me conviene?", cuestiona.
"Imposible de cumplir"
La preocupación por los posibles enfrentamientos que en cada centro se generen ante el reparto de asignaturas se repite en su caso. "Es que hacen cosas imposibles de cumplir", lamenta Guitián, que une la pérdida de tiempo con "las tonterías de consultas y papeleo" que les espera en detrimento del tiempo para su tarea. "Todo, parece, menos dar clase", resume el presidente de los centros de primaria.
En su primer análisis del documento, la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística recogen precisamente el miedo a la aparición de conflictos en los colegios y "la sociedad". "Es un decreto hecho desde el desconocimiento de la realidad de los centros educativos", señalan. La plataforma mantiene que el reparto discrimina a una lengua "minorizada" como el gallego, que requería el 50% por lo menos de las materias y niegan que exista "libertad" para los padres "cuando se va a respetar sólo la decisión de una parte".
Ni Galicia Bilingüe, una de las principales demandantes del nuevo decreto, está satisfecha. La organización se siente "engañada" e incluso afirman que la normativa, todavía por consensuar con la comunidad educativa, la Real Academia y el Consello da Cultura, es "inconstitucional". Los cambios, según su presidenta, Gloria Lago, están "para despistar" porque "persiste la imposición".
