Tras las tiranteces con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el dinero que el Gobierno central ha puesto encima de la mesa para inyectar liquidez a las entidades financieras, y de la lucha abierta ya en la anterior legislatura con la legalización de las viviendas de costa en los núcleos históricos tradicionales, dos nuevas medidas suscitan el recelo de la Xunta. La comisión de seguimiento de las disposiciones estatales y de otras comunidades, que blinda y vigila las áreas bajo tutela de la Administración gallega, estudia presentar al Estado un requerimiento por invasión de competencias debido a sendas resoluciones sobre ayudas para la integración de inmigrantes y subvenciones para la conservación del patrimonio natural. Es el paso previo a la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto competencial.

Presidido por el director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Roberto Castro, este organismo se reunirá esta semana para analizar ambos decretos estatales, según confirma Europa Press el alto cargo del Gobierno autonómico, que subraya que estas normativas "podrían estar impactando" en las competencias gallegas. La comisión fue aprobada el 27 de agosto con el objetivo de garantizar el autogobierno, de forma que su principal misión es velar por que las normativas sean respetuosas con el reparto de áreas. Desde entonces, se han realizado reuniones periódicas y, en la de esta semana, el primer punto del orden del día será analizar la concesión de subvenciones a la integración de inmigrantes, un real decreto de julio de este año.

En segundo lugar, los miembros de la comisión tienen previsto reflexionar sobre una resolución de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que convoca la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de actividades relacionadas con el patrimonio natural y de biodiversidad. Castro mantiene que el trabajo de esta comisión está dando sus frutos y avanzó, en este sentido, de que el Tribunal Constitucional le acaba de dar la razón a Galicia en un conflicto por un decreto sobre destinos turísticos maduros. Esta resolución será analizada en esa misma reunión del jueves, así como la ley Ómnibus que elabora el Estado para adaptarse a la directiva europea para la liberalización del sector servicios por si "impacta" en las competencias gallegas.

En lo que va de legislatura, el Gobierno gallego ha presentado requerimientos de competencias y, en el caso una orden de subvenciones en materia educativa, el Gobierno dio la razón a Galicia, la primera vez desde que tomó posesión el Ejecutivo de Feijóo. Por el contrario, la Xunta decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) al decreto estatal que regula la gestión de recursos mineros tras recibir una contestación "no favorable" del Estado a su requerimiento de incompetencia.