En el seno de la patronal eólica gallega hay, evidentemente, muchos intereses enfrentados, con empresas de larga trayectoria en el sector en Galicia y nuevos promotores. Entre firmas que se quedaron fuera del polémico concurso impulsado por el bipartito y que la nueva Xunta suspendió y sociedades que lograron arañar un buen puñado de megavatios (MW). Unas y otras lograron ayer aparcar sus diferencias, por lo menos oficialmente, para unificar las alegaciones al anteproyecto de ley que la Consellería de Economía e Industria pretende aplicar en sus repartos de potencia. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) asienta su oposición en tres patas. Que el camino que los populares siguieron para paralizar el proceso "no fue el adecuado", que el desarrollo normativo que tiene entre manos la Xunta agravará todavía más los problemas que hay actualmente en el aprovechamiento del viento, y, como ya habían anunciado, que no están dispuestos a pasar por alto la implantación de una canon por el impacto paisajístico. Su negativa "al impuesto" sube de tono tras las palabras del presidente del Ejecutivo gallego, que descarta su eliminación. Los empresarios se declaran "radicalmente en contra".
A lo largo de la semana, EGA llevará al departamento que dirige Javier Guerra sus argumentos para darle la vuelta al anteproyecto. El texto con las alegaciones al completo también se colgarán en la página web de la patronal, que insiste una y otra vez en que todas las decisiones de su asamblea general se tomaron por unanimidad.
Sin ningún tipo de diferencias en cuanto al canon. "Si sólo se aplica a los parques y no a otras instalaciones con iguales o mayores supuestos efectos en el entorno resultará discriminatorio", señalan desde la asociación. Los servicios jurídicos de la propia EGA y de las empresas que forman parte –Endesa, Unión Fenosa, Galenova, Gamesa, Acciona, Norvento, Aucosa, Ventos Coorporativos, ERG, Easa, Enerfin, Eurovento, Isolux, Viraventos, Viarsa, Frinsa, Sotavento, Somersa, Vestas y Eurus– se apoyan en resoluciones jurídicas, incluso de ámbito europeo, para intentar desbaratar la justificación de la Xunta a la tasa, de entre 2.300 euros y 5.900 euros por molino. Las críticas hacen referencia a la necesidad de que existan principios de igualdad y competencia efectiva en el sector y nos "el efecto discriminatorio" que acarrea el canon. "¿Por qué nosotros sí y otras industrias no? ¿Desde cuando una energía renovable paga un impuesto por supuesta contaminación?", se preguntan miembros de EGA. "No es legal", resume directamente uno de ellos. "Parecen argumentos leves, pero son muy fuertes jurídicamente", añade otro.
El decreto
Junto a esa "oposición radical", las dudas, muchas dudas, que los promotores tienen sobre el camino que siguió la Xunta para suspender cautelarmente el concurso. Un "procedimiento inadecuado". "Si es ilegal tendría que haber sido revocado el decreto 242/2007 con el que se convocó el concurso", afirman. El hecho de que la Xunta trabaje en otra normativa no vale como motivo para los promotores.
Por eso, por la gran discusión con el canon y la fórmula con la que se paralizó el reparto del bipartito, el sector no quiere que salga adelante la ley. Tal y como está actualmente. "¿Quién va a tener la seguridad de que los parques que le vayan a dar ahora serán realmente suyos?", dicen. Porque nadie oculta que el proceso va camino de caer en "una judicialización eterna" con la correspondiente "inseguridad jurídica" para las empresas. "La nueva regulación –sostiene EGA– impedirá que Galicia recupere el liderazgo histórico en el sector".
