Los socios aprueban sin el PP el canon hidroeléctrico con el que la Xunta recaudará 12 millones anuales

Frente a las advertencias de la oposición, el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, intervino en el debate para asegurar que el objetivo de este impuesto pretende paliar los "efectos nocivos" de estos aprovechamientos hidroeléctricos y, por tanto, "reparar daños" y "recuperar costes", por lo que concluyó que tanto la ciudadanía como el entorno natural serán los "grandes beneficiados" de este impuesto.

Así, explicó que los 12 millones que se prevé recaudar con el canon se destinarán a la protección de los recursos naturales y a la conservación y mejora del patrimonio fluvial afectado por estos aprovechamientos hidroeléctricos. En consecuencia, erigió la implantación de este impuesto en "elemento central" del nuevo modelo económico del bipartito y en la demostración del "compromiso inequívoco" de la Xunta con el crecimiento sostenible.

Sin embargo, el popular Tahoces consideró las explicaciones del conselleiro una "broma pesada" e insistió en que el canon "amenaza" con traducirse en una nueva subida del precio de la luz. Al respecto, Tahoces explicó que la normativa regulada por la Xunta no incluye garantías para evitar que este nuevo tributo acabe repercutiendo en la factura eléctrica de los consumidores gallegos, algo que --enfatizó-- no descartó el propio conselleiro de Industria, Fernando Blanco.

"Enmienda garantía"

Para demostrar que esto "no es una especulación sino una posibilidad legal", remitió a la ley estatal del sector eléctrico, que señala expresamente que "en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico o local", cabe la posibilidad de incluir "un suplemento territorial, que podrá ser diferente en cada comunidad autónoma o ente local". Por este motivo, la oposición presentó una "enmienda garantía" encaminada a derogar de forma automática el impuso si las empresas lo trasladan al recibo de la luz. Aunque el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, consideró esta propuesta "imaginativa", los socios de la Xunta rechazaron esta enmienda por entender que "privatiza la potestad legislativa del Parlamento".

Además, el diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga que no existe "ninguna posibilidad" de que el canon hidroeléctrico repercuta en la factura de la luz. A modo de ejemplo, comparó el futuro impuesto con la 'ecotasa', un impuesto por contaminación atmosférica establecido por el anterior Gobierno popular y, al respecto, enfatizó que este tributo no tuvo incidencia alguna en la tarifa eléctrica. "¿Por qué el canon sí?", se preguntó Después de recordar que la regulación de las tarifas corresponde al Estado, Tahoces replicó al socialista que el actual Gobierno central ya incrementó el precio de la luz en varias ocasiones, algo que Leiceaga achacó a que el Gobierno Aznar "dejó un déficit tarifario".

Por su parte, Aymerich no descartó la posibilidad de un incremento del precio de la luz aunque, en ese caso, consideró que "habría que recordar al Estado" que Galicia ha pagado durante años "lo mismo que Madrid, a pesar de que esta comunidad autónoma no produce ni un kilowatio", a diferencia de la Comunidad gallega.

Posibles reformas en el futuro

Tanto socialistas como nacionalistas defendieron la normativa del Gobierno gallego, a pesar de que Aymerich reconoció que la formación frentista es partidaria de que este impuesto sea "más ambicioso" y grave no sólo los grandes embalses sino también otras actividades, como las minicentrales. No obstante, justificó el voto a favor de los nacionalistas, convencido de que el proceso de aplicación del canon "guiará" hacia "futuras y necesarias reformas", por lo que se mostró partidario de que entre en vigor "cuanto antes".

También celebró que con este tributo las empresas afectadas "dejarán en el país al menos una parte de lo que el país le ha dado", algo que calificó como "justicia histórica", teniendo en cuenta que las hidroeléctricas, según sus cálculos, ya amortizaron "hasta cuatro veces" el coste de construcción de los embalses. Asimismo, aplaudió la instauración del canon porque permite avanzar en la construcción de un espacio tributario propio.

Otros puntos de discrepancia

Paralelamente, el PPdeG planteó otras enmiendas, como modificar la base imponible del impuesto para que se grave el agua turbinada y no la capacidad máxima de los embalses o la territorialización del impuesto para que los ayuntamientos gestionen la totalidad de lo recaudado.

Sin embargo, estas propuestas fueron criticadas por los socios de la Xunta, aunque por motivos distintos. Así, Leiceaga interpretó que las críticas del PPdeG se enmarcan en su "oposición sistemática" para no dar "ninguna baza" al bipartito ante la cercanía de las autonómicas.

Mientras, Aymerich vinculó las "excusas" de Tahoces con el objetivo del PPdeG de "proteger la cuenta de resultadas" de las empresas que explotan los embalses gravados. "Nosotros defendemos los intereses de los gallegos, no de las empresas", proclamó.

El proceso de tramitación de esta normativa, que se hizo por vía de urgencia, también suscitó discrepancias entre Xunta y oposición. Así, Tahoces criticó que la ponencia parlamentaria se reuniese "sólo en una ocasión y durante quince minutos", por lo que acusó a socialistas y nacionalistas de "hurtar" el debate político.

En cambio, los socios del bipartito replicaron que fue el diputado popular el que abogó por "no perder el tiempo", convencido de que PSdeG y BNG no iban a aceptar sus enmiendas.