Las evidentes diferencias entre comunidades fueron el primer gran escollo que el Ministerio de Economía se encontró en el camino de la reforma de la financiación autonómica. La crisis, y el gran recorte de ingresos que notan ya las arcas del Estado, amenaza con poner unas cuantas piedras más en las negociaciones, hasta el punto de que algunos Gobiernos autónomos dan por hecho que el actual sistema se prorrogará hasta que escampe el temporal de los números rojos. A Galicia no le vale la excusa. La directora xeral de Tributos, Regina Losada, es muy clara. "¿Puede una Administración decirle a un ciudadano que no tendrá una prestación porque tenemos un problema presupuestario?", pregunta. La postura de la Consellería de Economía, del Gobierno gallego, es que tiene que haber nuevo modelo de reparto de fondos, "con independencia de que haya vacas flacas o vacas gordas".

Y las demandas siguen siendo las mismas. Las que la Xunta presentó ante Moncloa para dar pasos en la creación de los espacios fiscales propios para las comunidades y hacer frente al constante incremento de los gastos derivados de la prestación de servicios básicos a los ciudadanos. "Estamos bastante atados para encontrar nuestro espacio fiscal -señala-. Como cuando queremos lanzar un tributo. Podemos encontrarnos con problemas jurídicos". Durante la presentación ayer en Vigo por parte de la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, del libro La financiación autonómica en los Estatutos de Autonomía, coordinado por la catedrática Ana María Pita Grandal, el alto cargo de la Consellería de Economía insistía en la "excelente oportunidad" que la reforma de la financiación supone para "solucionar deficiencias". "La reforma hay que hacerla igual", asegura Regina Losada.

Uno a uno, la directora xeral de Tributos esbozó los hándicaps que Galicia tiene para costear determinadas actividades como la sanidad, la educación y los servicios sociales por el elevado envejecimiento de la población -"No creo que haya comunidades con una proporción tan elevada de mayores de 85 años como la nuestra, con un coste de 3,4 veces mayor en la atención sanitaria"- y la dispersión. "El actual sistema prescindió desde el primer momento de una aproximación a la realidad de la población, más allá del número de censados", se queja.

La situación de crisis, sin embargo, lleva a expertos como Pita Grandal a pensar que la reforma del modelo de negociación se retrasará. "Habrá que resignarse", avanza.