Con la comisión del Parlamento cerrada, la vía que todavía queda abierta en el polémico caso de la agente electoral es la judicial. Con novedades. El magistrado el Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión (A Coruña) citó a declarar el próximo 6 de agosto como imputado al alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, tras admitir a trámite una querella del PPdeG formulada por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones por los supuestos pagos a María Isabel Blanco. Porto, por su parte, lo tiene claro. Da por hecho que "en un breve periodo de tiempo" se archivará la causa y arremete directamente contra los populares, que fueron ayer los que desvelaron la decisión judicial. "Tiene más posibilidades de ser condenado el acusador que el acusado", asegura el regidor.

Félix Porto deberá personarse en el juzgado a las 11.30 horas del día 6 de agosto en calidad de imputado y "si no comparece sin alegar causa" la citación de comparecencia "se transformará en orden de detención", recoge el auto, notificado el pasado 15 de julio. El documento señala que los hechos denunciados por el PP pueden ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones y malversación, por lo que el juzgado abre diligencias previas "para averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias".

El secretario general del PPdG, Alfonso Rueda, subrayó que su partido quiere que declare el secretario de Organización y conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, cuyo departamento concedió una subvención mediante la cual se contrató a la supuesta agente electoral; la responsable de Emigración del partido, Marisol Soneira; y el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, entre otros. "Todos los que saben muchas cosas de este asunto", apostilló, alegando que Félix Porto "sólo es la punta del iceberg".

El alcalde de la localidad coruñesa emitió ayer un comunicado en el que asegura que "respeta y acata" las decisiones de la justicia, pero insiste en que se trata de una "denuncia estrictamente política, sin ninguna base jurídica y encuadrada dentro de la imparable espiral de judicialización de la vida política en la que vive el PPdeG" y confía en que tenga la misma solución que la presentada con la vía de O Barbanza. "La desvergüenza de este modo de proceder es difícilmente superable; se dedican a desnaturalizar las instituciones democráticas de las que también ellos forman parte, como la comisión parlamentaria creada para esta causa y el propio Parlamento de Galicia", destaca Félix Porto, que añade que el PP "trasladó su labor de oposición en la Cámara a los tribunales".

En esa misma línea hablan desde su partido. "Convencido" está el viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, de que del paso por los juzgados "no se derivará ninguna responsabilidad" para Porto.