El Parlamento gallego aprobó hoy la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Suelo, que modificará la conocida como Ley del Suelo, por la que se crea una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública, cuyo porcentaje varía del 40 por ciento, como norma general en los municipios de más de 20.000 habitantes, al 30 por ciento en los de menos población.
El texto legislativo, que es fruto de la colaboración "fiel, constructiva y leal", entre Política Territorial, según dijo hoy su titular, María José Caride, y la Consellería de Vivienda, establece que, bajo determinadas condiciones, que los municipios con menos población podrán rebajar el porcentaje de suelo reservado a vivienda protegida al 20 por ciento. Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán quedar "exentos", también en determinadas circunstancias, de reservar suelo para vivienda protegida.
En cualquier caso, el texto legal introduce normas para distribuir la vivienda protegida en cada municipio, de modo que se evita la concentración para "favorecer la cohesión social" y que no se creen zonas marginales.
Caride aseguró que el objetivo de esta ley es facilitar el acceso a una vivienda "digna y de calidad" a todos los gallegos, especialmente a los más desfavorecidos.
La conselleira destacó la "ineficacia" del liberalismo en la política de vivienda, ya en los últimos diez años los precios se incrementaron un 144 por ciento, según datos del Ministerio de Fomento.
La diputada del PPdeG Pilar Rojo, que defendió 30 enmiendas que fueron rechazadas, aseguró que su partido no está en el Parlamento para avalar "paripés ni amaños".
Para Rojo la modificación de la Ley del Suelo aprobada por socialistas y nacionalistas creará una gran "inseguridad jurídica" y animó a estos partidos a que cojan "el toro por los cuernos" y que hagan una nueva ley.
La diputada del PPdeG criticó el "intervencionismo" de la Administración autonómica, ya que en lugar de buscar el consenso, han optado por la "imposición" porque, a su juicio, los municipios "pierden la competencia de la vivienda planificada" y acusó a los socios del bipartito de "no respetar" el trabajo de la oposición.
Rojo afirmó que esta ley es un "cambio de cromos" entre las Consellerías de Política Territorial y Vivienda, a cambio del apoyo del BNG a la Ley de Medidas Urgentes del Litoral y consideró que con esta ley el bipartito beneficia a los "grandes promotores", en contra de lo que dicen defender.
Carme da Silva (BNG) reprochó al PPdeG que defienda los intereses de la Confederación de Empresarios de Galicia, ya que las enmiendas de este partido son las mismas que aportó la CEG en un voto particular en el Consello Económico y Social.
El diputado del PSdeG Pablo López Vidal explicó que el objetivo de esta ley es pasar de las 3.600 viviendas de protección autonómica que se construyen al año en Galicia a 10.500
