Ya hay sentencia. El presidente de la Fundación San Rosendo, el sacerdote Benigno Moure, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida de la herencia de una mujer mayor incapacitada que estaba ingresada en uno de los centros geriátricos de esta entidad. La Audiencia Provincial de Ourense lo inhabilita además durante tres años para presidir, gestionar o representar a instituciones de carácter asistencial. El cura tendrá que devolver los 573.673 euros que se quedó, más los correspondientes intereses, al denunciante y sobrino de la anciana y pagar una multa de diez meses a razón de seis euros cada día, y la Fundación será responsable subsidiaria. El Tribunal considera probado que Moure "se aprovechó del deterioro progresivo e irreversible de la capacidad" de la anciana para quedarse con sus bienes, aunque lo absuelve de los delitos de estafa y falsedad documental.

Al que sí condena la Audiencia de Ourense por falsificación por imprudencia de un documento público es al notario Alejo Calatayud, que tendrá que pagar una multa durante ocho meses de 15 euros diarios, aunque la lo deja absuelto del delito de estafa que le imputaba la acusación particular.

La mujer, María Vázquez Covela, sufría una "demencia senil incipiente con trastornos de comportamiento, alteración de la memoria y del razonamiento" cuando junto con su marido, fue ingresada en la residencia geriátrica "Os Gozos", en Pereiro de Aguiar (Ourense), perteneciente a la Fundación San Rosendo, ante "la imposibilidad de atenderse por sí mismos y administrar su persona y sus bienes".

"Significado patrimonio"

El matrimonio poseía un "significado patrimonio inmobiliario y un importante capital en dinero", según recoge la sentencia, en la sucursal de Banesto de O Carballiño y cuando el director bancario quiso proponer a los titulares opciones para rentabilizarlo, tuvo que contactar con Benigno Moure, "que controlaba personalmente las visitas", además de explicarle que "debido a la situación en la que se encontraban la fundación se hacía cargo de la administración y gestión del patrimonio", por lo que "surgió así la idea de que a efectos prácticos era necesario que Moure figurara como autorizado en las cuentas bancarias", a lo que la anciana María Vázquez aceptó asintiendo con la cabeza y firmando.

Tras fallecer el marido, en 1999 la fundación pidió a la Fiscalía su incapacitación legal que fue decretada en noviembre de 2001, con el nombramiento como tutor de su sobrino y único heredero César Vázquez Romero. Hasta ese momento, el sacerdote estaba convencido de que la anciana carecía de herederos y "para transferir ilícitamente todo su patrimonio a la fundación San Rosendo, actuó como poseedor de sus bienes inmuebles y con la facilidad que le daba figurar como autorizado en las cuentas". Por eso, el Tribunal considera que Moure "se aprovechó del deterioro progresivo e irreversible de la capacidad intelectiva de la anciana y transfirió a cuentas de la Fundación 495.758 euros y cargó gastos, sin soporte documental, por valor de otros 37.433 euros". Una situación, que según la Audiencia, también le valió para que María Vázquez suscribiera en su nombre y en nombre de su esposo un contrato privado de venta de un piso de O Carballiño, formalizado ante Calatayud, un grupo de casas y cerca de 60 fincas.