A la espera de la evolución que finalmente tenga la recaudación en Galicia de los impuestos en los que el mercado inmobiliario tiene mucho que decir -imagínense el volumen que el IVA mueve en la compra de una casa, ante los disparados precios que llegaron a alcanzar- la situación sirve ya de justificación para el Gobierno gallego y el resto de autonomías que quieren un cambio en profundidad del modelo de financiación autonómica. Que las comunidades no tengan que depender tanto de lo que consideran gravámenes muy ligados a actividades cíclicas. Como ocurre con la construcción.

En el caso concreto de la Xunta, tanto el presidente, Emilio Pérez Touriño, como su responsable de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, han dejado claro que su exigencia pasa -además de por conseguir una mayor autonomía para gestionar las tasas que permita, entre otras cosas, crear una Agencia Tributaria propia- por una mayor aportación del Estado de lo que cobra por el Impuesto de la Renta, el IVA y los especiales.

Además de estos tres impuestos y los gravámenes cedidos por el Estado, los presupuestos de la Xunta se alimentan de las transferencias que recibe del Gobierno central. Entre las corrientes y las de capital, a Galicia llegaron en 2007 más de 5.300 millones de euros, según los datos de liquidación de presupuestos de las comunidades que tiene el Ministerio de Economía. La principal partida, del Fondo de Suficiencia -con el que se equilibran las necesidades de financiación de una comunidad tras valorar su capacidad de ingresos mediante los impuestos-, ascendió el pasado ejercicio a 3.473 millones de euros. Otros 778 millones vinieron de la participación en los tributos del Estado. Más de 828 millones, por otras transferencias corrientes. Del Fondo de Compensación Territorial -destinado a romper con la desigualdad entre comunidades- la Xunta recibió casi 147 millones de euros.