El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena descabezó ayer la cúpula del secesionismo catalán con el procesamiento por un delito de rebelión de 13 de sus líderes, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente. Tras notificarles las acusaciones, el magistrado revisó la situación procesal de cinco de ellos que se encontraban en libertad bajo fianza y decidió el ingreso en prisión del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y tres exconsejeros del Govern depuesto con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Marta Rovira, secretaria general de ERC, se fugó a Suiza para eludir la comparecencia ante el juez. Después de los nuevos cinco encarcelamientos, nueve de los que, según Llarena, son los principales artífices del desafío soberanista están ya en prisión y los cuatro restantes permanecen huidos.

El juez del Supremo puso orden ayer en la causa contra el secesionismo catalán con un auto de procesamiento de 70 folios en el que detalla los delitos cometidos por veinticinco encausados y concreta los hechos que los incriminan (ver cuadro adjunto). Quedan fuera de la causa Artur Mas, Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, y Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova. El juez imputa por rebelión ("declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia delGobierno"), el más grave de los delitos, a trece de los encausados, en su mayoría miembros del Ejecutivo catalán, además de la entonces presidenta del Parlament, a Marta Rovira, de ERC, y a los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Todos ellos afrontan penas de cárcel que podrían ir de los quince a los veinticinco años.

Además, todos los miembros del Gobierno de Puigdemont están acusados de un delito de malversación por el desvío de fondos públicos para la organización de la consulta ilegal de octubre. El juez considera acreditado hasta ahora un gasto de 1'6 millones, por lo que, con el añadido que fija la ley, impone una fianza por responsabilidad civil de 2'1 millones que deberán afrontar de forma solidaria los 14 integrantes del Govern que promovió el referéndum soberanista.

En el auto de procesamiento -que no agota la investigación, para la que el juez dispone todavía de dieciocho meses después de que fuera declarada causa compleja- Llarena hace un relato completo del proceso soberanista, desde su origen hace seis años, cuando Artur Mas firmó con ERC el denominado "Acuerdo para la Transición Nacional", hasta la consulta soberanista del 1 de octubre. Uno de los saltos cualitativos de ese proceso ocurrió el 20 de septiembre, cuando 60.000 personas, según el juez, cercaron a la comisión judicial que registraba la Consejería de Economía y destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil. Los responsables de estos hechos serían Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, según expone el auto del juez. Ese será uno de los acontecimiento cruciales de la causa a efectos de determinar el uso de fuerza, uno de los requisitos sobre los que se sustenta el delito de rebelión. Lo ocurrido aquel día sirvió para "reflejar que existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia", expone Llarena. "El fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse", sostiene el juez, para quien sobre esa misma capacidad intimidatoria y de coerción de la multitud las entidades soberanistas organizaron la resistencia a las fuerzas de seguridad que trataban de impedir el desarrollo de la consulta ilegal.

El desafío soberanista concertado desde diversos ámbitos es "un ataque al Estado constitucional ... de una gravedad y persistencia inusitadas y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno", con el agravante de "haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga", expone el magistrado en el auto de procesamiento.