La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, procesada junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz, aseguró ayer en su declaración que "nunca" recibió reparos de la Intervención General sobre ayudas sociolaborales o fiscalización de éstas durante los diez años que estuvo en el cargo.
Álvarez, que durante su interrogatorio solo respondió a preguntas del Ministerio Fiscal y su defensa, afirmó que es un "error" considerar que su departamento "lo controlaba todo", apuntando que este control era tarea de la Intervención. "Los de Hacienda entendemos y respetamos las competencias de los demás", puntualizó.
Álvarez explicó que los reparos "se trataban entre la consejería correspondiente y la Intervención Delegada. Cuando no había acuerdo entre ambas partes se elevaba para que resolviera la Intervención General. Si el posicionamiento de esta no era aceptada por la consejería, se elevaba a Consejo de Gobierno".
