La situación jurídica del expresidente de la Generalitat catalana va para largo en el caso de que Carles Puigdemont se niegue a personarse ante la juez de la Audiencia Nacional, que ayer le citó para declarar por los delitos de rebelión y sedición mañana jueves. Conforme pasan las horas y se suceden los acontecimientos cada vez queda más claro por qué Puigdemont ha viajado a Bélgica.

Las razones son dos: se trata de un país donde la derecha nacionalista flamenca, que simpatiza con el independentismo catalán, goza de la mayoría política y, además, la legislación belga es una de las más garantistas en tramitaciones de extradición hasta el punto de que ya ha tenido conflictos con España por requerimientos judiciales de etarras.

España tendrá que pedir una euroorden en el caso de que el expresidente de la Generalitat desoiga la citación de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Si Puigdemont no se presenta mañana ante el tribunal, la Fiscalía tendrá la competencia para pedir a la juez del caso que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), conocidas como euroórdenes, ya que desde 2004 no existen extradiciones entre los países de la Unión Europea. Esta regulación europea reduce los motivos de denegación y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias en una lista de delitos en la que no figura la rebelión ni la sedición pero sí algunos de corrupción por lo que podría ser aplicable a Puigdemont, imputado por malversación. Los reclamados pueden presentar distintos recursos que en caso de agotar los plazos pueden demorarse meses.