El Tribunal Constitucional (TC) cerró ayer la vía rápida a la aprobación de la ley de referéndum catalán del 1 de octubre al aceptar a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlament que permite aprobar un texto legal en un solo día y sin debate. La decisión del pleno del TC se produjo horas después de Junts pel Sí (JxS) y la CUP registraran en la cámara catalana la ley de la consulta con la firma de todos sus diputados para que comience a tramitarse en la segunda quincena de agosto.
El pleno del tribunal de garantías resolvió, con la unanimidad de todos los asistentes, en menos de una hora la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo de Rajoy, lo que supone la suspensión cautelar del nuevo reglamento y mantiene la vigencia del que se pretendía derogar. El recurso del Gobierno, que se fundamenta en un informe del Consejo de Estado, considera, entre otros aspectos, que la pautas de procedimiento promovidas por los independentistas en la cámara catalana vulneran el derecho de la oposición y anulan el debate político, al suprimir la posibilidad de presentar enmiendas a los textos legales que se tramiten por vía de urgencia.
En la providencia dictada ayer, el TC advierte además a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". El Constitucional señala que todos ellos tienen el deber de abstenerse de "iniciar, calificar, introducir" en el orden del día de cualquier órgano de la Cámara catalana un acuerdo que implique la tramitación de una proposición de Ley por el procedimiento de lectura única. La resolución apercibe también a los integrantes de la Mesa de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento".
Todos los obstáculos legales que se interpongan desde otras instancias no "podrán parar" el proceso catalán hacia la ruptura. Así lo manifestaron ayer lo representantes de JxSí y la CUP tras registrar en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, con la que se intenta dar cobertura legal a la votación del 1 de octubre. La base legal sobre la que se asienta la propuesta se sustancia en el artículo 2 del texto, que afirma que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".
La ley establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar el referéndum, se ampara en legislación internacional e indica, ante posibles querellas, que la norma ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.
En el texto se establece que un mayor número de votos afirmativos que negativos "implica la independencia de Cataluña", por lo que el Parlament, en los "dos días siguientes a la proclamación de los resultados", celebrará "una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal" de independencia.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura estar dispuesto a aceptar "todas las consecuencias", incluso entrar en prisión, antes que renunciar al referéndum. En una entrevista publicada ayer, Puigdemont insta al Gobierno a dirigir exclusivamente todas las acciones legales contra él, en lugar de contra otros miembros de su Ejecutivo. El presidente catalán apunta que "la mejor manera de garantizar que no vaya a prisión es que tenga éxito" el proceso soberanista.
