La Audiencia Nacional ratificó ayer la prisión provisional del expresidente madrileño Ignacio González y de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, por el caso Lezo al persistir el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de obstrucción a la investigación. La sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que interpuso González contra su ingreso en prisión el pasado 21 de abril. En otro auto deniega la libertad a Richmond, a quien el juez le impuso una fianza de 4 millones de euros, que aún no ha conseguido abonar.
Los jueces creen que "el arraigo familiar invocado" por González para desmentir el riesgo de fuga, al igual que su notoriedad pública y la carencia de medios económicos que alega, "no supone en este caso minimización de ese riesgo". El auto alude a las "numerosas actividades empresariales" que el expresidente madrileño desarrollaba con su familia con dinero "presuntamente ilícito" y que estaría "oculto", puesto que "la información patrimonial analizada arroja fuertes discrepancias entre el patrimonio declarado y los importes de las inversiones" que planeaba y que podría retomar una vez en libertad, incurriendo en reiteración delictiva.
Granados
Francisco Granados, otro de los cabecillas de una de las redes de corrupción vinculadas con el PP, está pendiente de la tasación de varias propiedades para cubrir la fianza que le permitirá salir de prisión después de más de dos años. El abogado de Granados, Carlos García de Ceca, asegura que su cliente pagará la fianza de 400.000 euros, impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, cuando los peritos terminen de tasar las fincas que componen su fianza de bienes.
