El Tribunal Constitucional tiene potestad para aplicar una serie de medidas coercitivas a los dirigentes independentistas catalanes que ayer optaron por ignorar una sentencia suya y desobedecerle. Para garantizar el cumplimiento de sus decisiones, el TC tiene tres vías: las multas económicas, la suspensión de las funciones de los cargos que desobedezcan o incluso la exigencia de responsabilidades penales.

Se trata de medidas nunca adoptadas hasta ahora y posibles a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP. Una norma recurrida entre otros, por la Generalitat de Cataluña. El Gobierno ha anunciado la próxima presentación de un incidente de ejecución ante el TC contra la decisión del Parlamentde abrir la vía unilateral hacia la independencia, a pesar del pronunciamiento expreso en contra que hizo el tribunal de garantías el día 19.

En los próximos días el TC puede imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones. O acordar la suspensión en sus funciones. Por último, está facultado para deducir el oportuno testimonio de los afectados para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Además, la ley establece que, si se trata de asuntos de "especial transcendencia constitucional", el TC, de oficio o a instancia del Gobierno, puede adoptar las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes.