El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó ayer al expresidente catalán Artur Mas a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por la organización y celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Como él, están en la antesala del juicio oral las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. El instructor del caso, Joan Manel Abril, cree tener pruebas de que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron a sabiendas la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que el 4 de noviembre suspendió el denominado proceso participativo y siguieron adelante con los preparativos. Por lo que, además, habrían prevaricado.
Así las cosas, el magistrado desestima los recursos presentados por las defensas para solicitar el archivo de la causa y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que presenten sus escritos de calificación contra los imputados.
Recurso de nulidad
Sin embargo, como Abril dio por finalizada la instrucción solo dos días después de las elecciones generales, el Gobierno de Carles Puigdemont -sucesor de Mas al frente de la Generalitat- aprecia "intencionalidad política" en una decisión judicial que le inspira "vergüenza" y ante la que cualquier demócrata debería "ruborizarse", dijo la portavoz, Neus Munté. CDC, el partido de Mas y Puigdemont, anunció que recurrirá la apertura de juicio oral y pedirá la nulidad de un "proceso político" para "criminalizar" el soberanismo desde las "altas instancias del Estado".
El magistrado aprecia en el auto indicios de que Mas y las exconsejeras desobedecieron la orden del TC que suspendía la consulta soberanista del 9-N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
