La Guardia Civil vincula al presidente de Murcia con la corrupción del "caso Púnica"

Fuentes de la investigación confirmaron a Efe la existencia del informe de la UCO y su remisión al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el caso.

Según la UCO, cuando Sánchez era consejero de Educación del Gobierno murciano y Barreiro alcaldesa, contrataron con dinero público los servicios de una empresa de la trama para que limpiara su reputación en internet.

Desde el Ejecutivo que ahora preside el primero, se han apresurado a recordar que el pasado 6 de abril les fueron remitidos a Velasco certificaciones de la consejería que ocupaba, de las que se ha facilitado copia por la tarde a los medios de comunicación, en las que se asegura que no se realizó ningún pago a las empresas de la trama Eico On Line Management, Madiva Editorial y Publicidad y Mistral Inv entre enero de 2014 y abril de 2016.

Desde el entorno de Barreiro se afirma que la relación del Ayuntamiento de Cartagena se limitó a un contrato con Madiva por 4.000 euros para una campaña de promoción turística de la ciudad.

Sánchez no compareció ayer ante los medios pese a haberse reunido con agricultores por la mañana en la sede del Gobierno y suspendió una conferencia que tenía previsto dar en Madrid y no ha facilitado aún su agenda para hoy, de tenerla.

Pero este jueves tiene cita a las 17.00 horas en el pleno mensual de control al Gobierno del Parlamento murciano para responder a una pregunta de Podemos sobre si dimitirá de su cargo si Velasco decide que declare como investigado por su supuesta implicación en la trama en el caso de que el juez aprecie los indicios que dice ver la UCO en su informe.

El secretario general del partido morado en la región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló tras conocer estas informaciones que "es prácticamente un hecho que Sánchez estaría doblemente imputado, si no fuera por su condición de aforado".

Se refería con ello a otro caso que los tribunales investigan sobre la adjudicación de las obras de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que desde ayer también investiga una comisión especial de la Cámara autonómica murciana, en la que el exdecano del Colegio de Arquitectos regional Francisco Camino habló de concurso "fraudulento" y de proyecto ganador "ilegal".

El líder del PSOE murciano, Rafael González Tovar, fue el más contundente en su reacción al informe de la UCO al pedir a Sánchez que dimita para aclarar su situación procesal sin ser aforado y al PP que saque a Barreiro de las listas al Senado.

Desde Ciudadanos, cuyos diputados sostuvieron con su voto la investidura de Sánchez con una primera condición de que cualquier cargo público del Gobierno regional o miembro del PP imputado fuera apartado, su portavoz autonómico, Miguel Sánchez, calificó de "grave" que el presidente esté "bajo sospecha" y que "no solo no persiga la corrupción, sino que además sea la corrupción la que presuntamente lo persigue a él".

"Si lo imputan por cualquiera de los dos casos que tiene ahora mismo encima de la mesa por presunta corrupción política, inmediatamente tendría que irse, sin ninguna duda", ha apostillado, lo que ha corroborado desde Madrid casi con las mismas palabras el líder nacional del partido naranja, Albert Rivera.