El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dio ayer diez días al PP para que abone la fianza de 1,2 millones de euros que se fijó en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B del PP.

El PP tendrá que abonar esa fianza como responsable civil subsidiario, toda vez que el juez ha comprobado que no ha sido satisfecha la totalidad de las fianzas impuestas a los principales acusados como responsables civiles directos. Se trata de los extesoreros del PP Luis Bárcenas (8,9 millones de euros), Álvaro Lapuerta (8,9) y Cristóbal Páez (7,4). Tampoco ha abonado la fianza exigida el despacho de arquitectos Unifica, que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 577.249 euros.

Tras difundirse la exigencia judicial, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, anunció que su partido depositará la caución que se le solicita, pero recordó que no se trata de una multa ni una condena y precisó que la formación sigue negando la autenticidad de los conocidos como "papeles de Bárcenas" que son los que dan lugar al caso.

"Este juicio se dirime en base a unos papeles aportados por el señor Bárcenas que nosotros hemos negado. Tendrá que demostrar que son auténticos y que los datos contenidos allí lo son", dijo Levy en rueda de prensa. Tras formular esta advertencia, la portavoz no quiso hacer más valoraciones sobre el contenido del requerimiento del juez ni sobre la existencia de "cajas B" en su partido desde 1990 hasta "al menos" 2008, según se afirma en el documento judicial. "Eso debe dirimirse en el juicio oral", dijo.

Ya por la tarde, varias horas después de la comparecencia de Levy, el PP emitió un comunicado en el que expresa su "extrañeza" por tener que aportar el total de la fianza de 1,2 millones que requiere el juez, cuando no está directamente acusado y no se sabe si los que sí lo están, como el extesorero Bárcenas, "son insolventes".

El PP asegura en el comunicado que no está acusado en este asunto y que defenderá su "falta de responsabilidad de cualquier tipo en los hechos que se enjuician". La formación que preside Mariano Rajoy reitera, en la línea ya avanzada por Levy, que esa causa se apoya en los denominados "papeles de Bárcenas", "supuestos apuntes" de pagos en dinero negro recogidos por el que fuera tesorero del partido y "de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona". En el texto de los populares se sostiene "que obran en las actuaciones informes que desmienten absolutamente la veracidad, solvencia y consistencia de esos apuntes".

También se afirma en el comunicado que en la pieza, el PP figura "exclusivamente" como posible responsable civil subsidiario de los posibles delitos que hayan cometido otras personas y se añade: "Significa, por un lado, que no es el partido el que está acusado, y por otro, que sólo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes suficientes" para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de una decisión judicial.